La Justicia Federal de Salta imputó el miércoles pasado a 15 personas -10 de ellas, funcionarios públicos- por integrar una banda criminal que se dedicaba a la falsificación de documentos para la obtención de pensiones por discapacidad.
Banda criminal
Funcionarios, médicos y hasta un diputado fueron acusados por por falsificar documentos para pensiones por discapacidad
El impacto de las maniobras fraudulentas de la banda en torno a esas pensiones sería de $3.240 millones por mes y de casi $40.000 millones al año
La banda lograba las pensiones por parte de ANSES. Imagen ilustrativa.
La investigación nació en julio de 2024 y tuvo como epicentro el departamento salteño de Anta, donde los beneficiarios suman 4.305, más de un 15% de la población local.
En la audiencia de formalización fueron imputados como parte de la banda un total de 8 médicos y el exgerente de un hospital. Uno de los galenos acusados es Francisco Gerardo Orellana, quien actualmente es diputado provincial por el departamento de Anta.
Todos ellos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La investigación contra la banda que falsificaba pensiones por discapacidad en Salta
La maniobra consistió en la emisión de certificados de salud falsos y en la adulteración de exámenes médicos que luego eran utilizados para la tramitación de la pensión por discapacidad que paga la ANSES.
Los 26 allanamientos realizados en el caso tuvieron como objetivo domicilios particulares, consultorios privados, hospitales, clínicas privadas y municipalidades, donde se recolectaron listados de personas que pagaban a los involucrados para que realicen el trámite de pensión por discapacidad, que debía ser totalmente gratuito, remarcaron desde la Fiscalía.
Por otra parte, el fiscal imputó con la misma calificación al exjefe de la sucursal de ANSES en El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; al bioquímico del hospital Francisco Solano de El Galpón, Luciano Benjamín Esteban; y a los empleados municipales de El Quebrachal y Joaquín V. González, Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares.
El nivel de fraude que cometió la banda de Salta
También fue imputado como parte de la banda criminal un kiosquero que, según explicó el fiscal, desde su local comercial ubicado a la vuelta del hospital de El Quebrachal captaba posibles beneficiarios, falsificaba documentación con el uso de la fotocopiadora y cargaba los trámites de las pensiones por Internet.
En el expediente penal contra la banda criminal, Gendarmería Nacional elaboró un informe que da cuenta de que unos 9.000 beneficiarios no cumplirían los requisitos -por presentación de documentación falsa- de un total de 39.715 pensiones por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta. A partir de ese dato, el impacto de las maniobras fraudulentas en torno a esas pensiones sería de $3.240 millones por mes y de casi $40.000 millones al año.
