Una nueva acción desarrolló el Colegio Notarial de Mendoza para expresar su rechazo a un proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores, que regula y modifica el régimen de acceso a la función notarial.
Institucionales
El Colegio Notarial reclamó en Diputados que no se apruebe la ley que modifica la regulación de la actividad
Autoridades de esa entidad se reunieron el titular de la Cámara Baja, Andrés Lombardi para expresarle su preocupación y ofrecer una "alternativa superadora"
Autoridades del Colegio Notarial de Mendoza estuvieron en la Cámara de Diputados.
Autoridades de la institución, encabezadas por su presidenta, María Teresa Aragona, fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, a quien hicieron entrega de notas rubricadas por el Colegio y el Consejo Federal del Notariado Argentino, en las que expresan “preocupación” por la modificación de la Ley 7.346, que cuenta con la nmedia sanción del Senado.
Desde el organismo pidieron no sancionar la modificación de la Ley 7.346, con sanción inicial en la Cámara Alta, e indicaron que presentarán un proyecto superador que asegure “igualdad de condiciones para todos”.
Lo que dice la ley que se intenta modificar
“La ley 7.346, que hoy se pretende modificar desde la Legislatura, vino a corregir una grave falencia que contenía el régimen anterior y es que convertía automáticamente en destinatarios de la titularidad de los registros públicos de la provincia de Mendoza a todos los egresados de la carrera notarial – de cualquier origen o instituto de formación -. Omitía todo control previo de quienes la Constitución ha encomendado esa misión, la Suprema Corte de Justicia de la provincia y de las autoridades del Colegio Notarial previsto por la legislación específica (Ley 3.058)”, señala una de las misivas.
Sostiene además, que esa ley, “ocasionó un nuevo régimen que permitió una racionalización de la cantidad de registros en función de la población real que determina la necesidad de quienes cumplan la función pública de otorgar fe pública a los instrumentos que pasan ante su actuación y permitió la realización de concursos públicos abiertos que han posibilitado una evidente mejora en la calidad de desempeño de aquellos que cumplen esa función pública esencial”.
Javier Guardiola dijo durante el encuentro que “dicha ley, que comenzó a tratarse en 2003 y fue sancionada en 2005, permitió un régimen más justo y razonable”, y que “lo novedoso de esa ley es que establecimos un respeto por aquellas expectativas que tenían aquellos que aún estaban en la Universidad”.
La normativa vigente a la que hace referencia, contiene una cláusula específica para quienes hubieren ingresado a la carrera antes del 31 de marzo de 2004, y que hubieren egresado en el tiempo programado para el cursado completo de la carrera hasta el 31 de diciembre de 2009. Este apartado de la ley, involucró a “422 estudiantes que terminaron sus carreras y que accedieron a un registro sin concurso. Sólo 5 no llegaron”, dijo la notaria Valeria Álvarez, quien agregó que desde 2010, “llevamos 96 registros entregados por concurso. Para esa gente, hoy, sería una injusticia que se sancione una modificación”.
Según sostienen desde el Colegio, de sancionarse esta nueva ley “se perjudicaría la seguridad jurídica. Por eso queremos que lo analicemos de otro modo, con una alternativa superadora, que favorezca a todos, no sólo a unos pocos”.
Hoy la provincia cuenta con 1.400 notarios entre titulares y adscritos. Hay casi 1.200 registros titulares, con un índice de rotación que llega a 10 a 15 por año, por concurso, subrayaron. Además, afirmaron que Mendoza cuenta con un escribano cada 1.800 habitantes, superando ampliamente la relación recomendada de 1 cada 5 mil habitantes.
“Abrir una ventana para que sólo unos pocos se beneficien, generaría una grieta más”, dijo Guardiola. Porque además, según enfatizaron durante la reunión, de aprobarse la modificación de la 7.346, implicaría suspender los concursos “por no sabemos cuántos años, para poder darle el registro a esta gente”. Todo ello, teniendo en cuenta que las vacantes de registros se producen por jubilaciones, fallecimientos o suspensiones y que de obtener el aval de Diputados, alrededor de 50 escribanos se verían beneficiados “como también abogados que puedan optar o incluso venir de otras jurisdicciones”.
Participaron también del encuentro, Luis Tonelli, presidente de la Primera Circunscripción y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
