Por Martín Rostand
Los argentinos hemos revelado a través de nuestra historia una característica que nos hace y nos ha hecho mucho daño. Es la tendencia que tenemos a verlo todo desde posiciones extremas, perdiendo la posibilidad de analizar los matices que todas las cuestiones fácticas, e incluso hasta las conceptuales, tienen. Analizamos nuestra historia con la virulencia de lo contemporáneo, perdiéndonos la posibilidad de advertir esa amplia zona de grises que toda experiencia ofrece. A pesar de que la perspectiva en el tiempo nos da la serenidad y el aplomo que nos permitiría comparar con paralelismos algunos casos, no somos capaces de darnos ese espacio y entonces, dependiendo de la posición que esgrimamos, lo analizado es totalmente bueno o absolutamente malo. Así de enfáticos, así de pasionales somos.
Lo mismo ocurre en nuestra posiciones políticas. Siempre es a todo o nada. A tal punto hemos llegado que es impensable hoy imaginar a un dirigente político capaz de reconocer algún mérito o virtud en alguna decisión o logro que haya conseguido algún adversario. Ni siquiera en tiempos como los que hoy transcurren, cuando estamos a considerable distancia de las elecciones, podemos darnos esa alternativa.
Quizás sea esta la razón por la cual un tema que prácticamente no tenía más fundamento que la legítima y grave preocupación que tienen los productores del Este sanrafaelino y de algunos parajes de General Alvear regados por las aguas del Atuel se transformó en un reclamo que adquirió un nivel de magnitud que lo llevó a estar entre las noticias más importantes de todos los medios. También aquí nos perdimos la posibilidad de analizar los matices que la situación que motivó el reclamo tiene.
En primer lugar, nadie puede desconocer la crítica situación que hoy viven los productores primarios por la escasez del agua. Eso no admite el menor cuestionamiento. Y fue lo que los llevó a manifestarse, porque, según declararon, escucharon rumores que hablaban de que la corta del agua podía extenderse hasta la primera quincena de setiembre. Una oportuna comunicación entre el superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, y Aníbal Luna, uno de los dirigentes rurales que encabezaron la protesta, llevó a estos últimos la tranquilidad necesaria para cesar en el reclamo y liberar la ruta. Álvarez aseguró que el 20 de agosto volverá el agua al cauce del Atuel, tal como ocurrió el año pasado y como había sido anunciado este año en abril. También temían por unas tareas de mantenimiento que se hacen sobre el marginal del Atuel, pero se les aseguró que el agua volverá el 20, se hayan terminado o no esas tareas. El protocolo de la obra pide hacer esos trabajos cada dos años y hacía 8 que no se hacían. También se dijo que la tarea se completará en la próxima corta si no se terminara ahora.
Los manifestantes pidieron también que Álvarez se retractara de algunas declaraciones que había hecho en la semana respecto de la necesidad de reconocer el derecho que La Pampa tiene sobre las aguas del Atuel. Se teme que por cumplir un compromiso que está plasmado en un convenio rubricado por Celso Jaque, que aún debe ser legitimado por la Legislatura y que habla de entregar una escorrentía mínima a La Pampa, ellos pierdan el agua que necesitan para regar sus cultivos. Aldo Guarino Arias, toda una autoridad en el tema, dice que ese convenio debe cumplirse equitativa y razonablemente, como pide la Corte, y no dividiendo en partes iguales, como propone el acuerdo citado. Propone también este notable jurista que se reconstituya el Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) como espacio adecuado para discutir los alcances del acuerdo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 1987 que el Atuel es “un curso interjurisdiccional”. Además exhortó a las provincias a celebrar convenios tendientes a una participación de los usos futuros de sus aguas. De allí nació el CIAI y en el mismo fallo se reconoce la prioridad que en ese tratamiento deben tener las más de 70.000 hectáreas bajo riego que tiene Mendoza. Lo contrario sería quitarle la razonabilidad al caso que la misma Corte pide. Sin embargo, Mendoza ha sido reticente a su cumplimiento. Sin que ese reconocimiento signifique darles a nuestros vecinos lo que no tenemos para nosotros, reconocer ese derecho es algo que Mendoza debería hacer más temprano que tarde, por cuanto de no ser así el transcurso del tiempo opera en favor del derecho reconocido por la Corte a La Pampa.
En el fárrago de declaraciones que hicieron los dirigentes radicales que coparon la manifestación, dándole a ésta el matiz político que aparentemente no tenía en su origen, se destacaron las del senador Sanz, quien dijo que “todo esto se soluciona con el trasvase del río Grande al Atuel”.
El punto es que desde el gobierno de Pérez dicen que para que esa obra se realice se necesita construir antes Portezuelo del Viento y para que esto ocurra se necesita la conformidad unánime de los integrantes del Consejo Interprovincial del Río Colorado, (COIRCO), del cual La Pampa es uno de sus miembros y cuyo voto cuenta en esa decisión.
Si Mendoza no está dispuesta a reconocer el derecho de La Pampa sobre el Atuel, no parece muy probable que La Pampa pueda favorecer a Mendoza con un voto que no le redituaría ningún beneficio, piensan los funcionarios mendocinos. Guarino Arias no acepta esta posición y dice que La Pampa sólo puede fiscalizar la construcción de la presa, pero no puede oponerse a la realización de la misma y ve en los reclamos pampeanos una clara e inaceptable intención extorsiva.
En cuanto a la protesta de los productores en Real del Padre, otro de los matices que es necesario apreciar es que las críticas caen sobre la cabeza de Álvarez en este tema, porque es la única visible, sin que esta nota signifique avalar los errores que en su gestión se pudieran cometer. La materia sobre la que opinó no es de su estricta incumbencia, por cuanto él es el administrador del agua, no el gobernador de la provincia. Quien debe acordar con La Pampa es el gobierno de Mendoza. Gobierno es Rolando Baldasso, ministro de Infraestructura, o Marcelo Barg, ministro de Producción, que deberían dar su aporte en esta discusión, porque estos sí que son temas de su incumbencia. Baldasso debería liderar las negociaciones con La Pampa y Barg atender a la problemática de los productores, que además de no tener agua para regar padecen una compleja problemática que necesita algún tipo de auxilio.
Lo dicho aquí admite refutaciones de toda especie y en modo alguno significa desconocer el derecho que los productores tienen a manifestarse y los actores de la oposición a hacer su juego político en esta instancia. Pero sería sumamente auspicioso que se abriera el diálogo para conseguir los acuerdos necesarios que destraben el conflicto y permitan realizar las obras que solucionarán el problema.
Para eso será necesario apreciar estos matices, abrir un espacio para la transacción, que podría generarse al reconstituir el CIAI, tal como sugiere Guarino Arias, y no demorar inútilmente el cumplimiento de lo que la Corte ha pedido.