"Después de un año de tanto agobio, no es razonable seguir poniendo trabas y exigir pagos por servicios que cargan las espaldas de los ciudadanos", entiende De Marchi. Es por ello que considera oportuno "abrir un tiempo de debate" para "aliviar al contribuyente" y así analizar algunos puntos que él señala como "difíciles de entender".
https://twitter.com/omardemarchi/status/1472969798669721608
En su enumeración, ejemplifica que "hoy se exige la RTO cada tanto tiempo y no cada tantos kilómetros. Es un error porque hay vehículos con antigüedad, pero pocos kilómetros y poco desgaste".
"A su vez, el Estado exige lo que no hace él, ya que pide que los vehículos estén aptos, pero las rutas están destruidas", señala De Marchi haciendo una fuerte crítica al estado de las carreteras en Mendoza.
Además, dice De Marchi, "los accidentes, según las estadísticas, en general no responden a fallas mecánicas. Las principales causas son por fallas humanas o deterioro en la infraestructura".
Concluye que "exigir la RTO es sacar de circulación a miles de personas con problemas económicos por la difícil situación actual", por lo que "hay que evaluar la utilidad real de la RTO, para evitar tantos nichos recaudatorios que asfixian al ciudadano".
"Todo en el Estado es un laberinto difícil de destrabar, donde el contribuyente pierde su valioso tiempo en cumplir reglamentaciones muchas veces absurdas y siempre caras", cierra el diputado nacional en su perfil de Twitter.
Acción judicial contra la RTO
El diputado Mario Vadillo y el senador Marcelo Romano presentaron una acción judicial para exceptuar de la RTO "a aquellas localidades en donde no se ha cumplimentado la ley".
https://twitter.com/mnvadillo/status/1472655106575323144
"Solicitamos el cumplimiento de la ley 9.239 artículos 2 y 3 donde la implementación de la RTO exige un taller en el Valle de Uco y que se asegure una distancia mínima de los usuarios de 80 kilómetros. Son decenas las localidades que superan está distancia sin talleres habilitados", señala Vadillo.
"Son miles las familias mendocinas que pueden perder sus automotores por la tozudez de imponer la RTO, con falta de talleres, repuestos y en plena crisis sanitaria y económica", agrega en sus redes sociales.
La acción preventiva tiende a que la Justicia de Mendoza exceptúe de la obligación de la revisión obligatoria a los ciudadanos de aquellas localidades en las que no se han instalado centros de revisión técnica.
