Lo que está sucediendo en el sur argentino provoca dolor y nos debe causar preocupación. Compatriotas están siendo atacados a balazos por las fuerzas represivas del Estado, ese que debe garantizar la seguridad. Pero lo peor es que las autoridades máximas de controlar a los que gatillan convalidan esas acciones sin ponerse colorados. Según la autopsia a la última víctima, Rafael Nahuel murió arrodillado y de espaldas. Escuchar a los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, da más inseguridad que tranquilidad, ya que puede haber más muertos.
Otro que sorprende con sus opiniones es el exmenemista y exkirchnerista, Miguel Pichetto, que trata de emparentar al Movimiento Resistencia Ancestral Mapuche con Sendero Luminoso y las FARC.
La prohibición de usar armas letales en los conflictos sociales que se aplicó durante 10 años, ¿en qué quedó? ¿No hay otra forma de solucionar estos conflictos que no sea matando gente? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Es verdad que los Mapuches son terroristas? Los videos muestran a hombres y mujeres con palos defendiendo sus tierras y a Policías preparados y equipados con escudos y armas de fuego atacando para proteger los bienes de los empresarios, en su mayoría extranjeros, que se apoderaron de grandes extensiones de campos a bajo precio.
¿Los jueces federales que ordenan los desalojos en pos de sus amigos no evalúan lo que puede suceder? ¿Alguna vez un juez federal se animará a ordenar a la Policía que desaloje a los que han robado las tierras de los pueblos originarios?
Volviendo sobre la brutal represión que se observa en el sur. No hay un video que muestre las armas de fuego de los terroristas mapuches. Es raro que los operativos no se filmen para resguardo de las fuerzas, que en vez de usar balas de plomo tendrían que estar preparados para actuar en conflictos sin matar o herir a nadie. Un registro fílmico permitiría a la sociedad ver qué está pasando realmente. Igual nada justifica la represión y muerte.
Otra vez el Estado persiguiendo a los pueblos originarios. Esta vez les toca a los mapuches, esos terroristas que con palos atacan a las fuerzas federales. Tirando piedras lastiman a hombres que les responden con proyectiles de plomo calibre 9 milímetros.
El despojo sufrido por los mapuches y otros pueblos originarios de sus tierras a manos de empresarios que son amigos de los gobernantes de turno pasa desapercibido a los jueces federales y más los gobiernos. Los saqueadores siguen disfrutando del blindaje mediático mientras que los mapuches del azote. Todos los gobiernos tienen cosas más importantes de que ocuparse. No importa el color político, todos han colaborado para matar poco a poco a los pueblos originarios, ya que no solo las balas terminan con una vida.
En el inciso 17 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional se describe una catarata de derechos que no se cumplen con los pueblos originarios. No los cumplió el kirchnerismo ni los cumple Cambiemos, por citar los dos últimos gobierno nacionales. La carta magna establece desde su reforma en 1994: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
En la Constitución hay mucha letra muerta. Muchas cosas que de aplicarse harían de Argentina un país mucho mejor y más amable para sus ciudadanos.
