WASHINGTON– En una columna reciente señalé que el seguro social es a menudo una “asistencia social para la clase media” que desangra al país. Ese comentario ofendió a muchos lectores. En un mensaje electrónico, uno de ellos gruñó: “El seguro social no le está agregando ni un centavo a nuestra deuda nacional, idiota”. Otros fueron más circunspectos: “No insultemos a individuos que han trabajado toda su vida y contribuido al sistema durante 50 o más años insinuando que sus beneficios ganados son una asistencia económica”. Algunos sostuvieron que el seguro social, con un fondo en fideicomiso de 2,6 billones de dólares, no afecta a nuestros problemas presupuestarios.
Incorrecto. Como regla, no utilizo una columna para comentar sobre otra. Pero estoy haciendo una excepción en este caso porque el tema es muy importante. Recuerden que el seguro social, Medicare y Medicaid, los principales programas para los ancianos, exceden el 40% de los gastos federales. Eximirlos de recortes —como muchos norteamericanos prefieren, según las encuestas— produciría déficits masivos, enormes aumentos fiscales o reducciones draconianas en otros programas. Es una fórmula desastrosa para el futuro.
No llamamos al seguro social “asistencia social” porque es un término peyorativo y los políticos no desean ofender. Por tanto, su retórica clasifica al seguro social como otra cosa cuando no lo es. Yo defino un programa de asistencia social de la siguiente manera. Primero, grava a un grupo para apoyar a otro grupo, es decir, que se paga a medida que se usa y no es un plan de contribuciones en el que los mismos ahorros de la gente pagan sus beneficios posteriores. Y segundo, el Congreso puede alterar los beneficios, como reflejo de los cambios en las necesidades, las condiciones económicas y la política. El seguro social cumple ambos requisitos.
Comencemos con su fondo en fideicomiso de 2,6 billones de dólares. ¿No demuestra esto que los impuestos a la nómina fueron ahorrados para pagar beneficios futuros, desconectándolos de nuestros problemas presupuestarios mayores? Bueno, no. Desde los años 40, el Seguro Social ha sido un programa que se paga a medida que se usa. La mayoría de los beneficios se pagan mediante los impuestos a la nómina de los trabajadores de la actualidad; en 2010, esos impuestos cubrieron el 91% de los beneficios. El fondo en fideicomiso de 2,6 billones de dólares proporcionaría sólo 3,5 años de beneficios, que sumarían unos 700.000 millones de dólares en 2010.
El fondo en fideicomiso sirve principalmente para canalizar los impuestos a los beneficiarios y el gran excedente actual es un accidente, tal como muestra Charles Blahous en su libro “Social Security: The Unfinished Work”. En 1983, cuando el fondo en fideicomiso estaba casi agotado, una comisión presidencial propuso arreglos pero subestimó sus efectos. El gran excedente “se produjo. No estaba planeado”, dijo más tarde el director ejecutivo de la comisión. Aún así, el excedente desparecerá a medida que el número de jubilados se eleve.
En forma similar, el Congreso ha alterado repetidamente los beneficios. De 1950 a 1972, los aumentó nueve veces, incluyendo una duplicación a principios de los años 50. En 1972, indexó los beneficios por la inflación. La gente no se quejó cuando los beneficios se elevaron, pero los posibles recortes desencadenan ahora aullidos de que el “contrato” ha sido roto. No es cierto. En un fallo de 1960 (Flemming v. Nestor), la Corte Suprema rechazó expresamente el argumento de que la gente tiene derecho al seguro social por un derecho contractual. Citó la Ley del seguro social de 1935: “El derecho a alterar, enmendar o revocar toda disposición de esta Ley queda por este medio reservado al Congreso”. El Congreso puede modificar el programa cuando quiera.
Todo esto hace que el seguro social sea “asistencia social”. Los beneficios cambian; no son estrictamente proporcionales a los salarios, sino que están sesgados para favorecer a los trabajadores de menos ingresos —un juicio de valor que refleja quién necesita más ayuda; y no se pagan mediante las propias “contribuciones” de los trabajadores. Pero ignoramos estas realidades y alentamos a la gente a pensar que se “ganaba” los beneficios y que el seguro social está separado del presupuesto general. Los políticos, comentaristas, expertos de think-tanks y periodistas se avinieron a esta farsa para ahorrar a los 54 millones de beneficiarios del seguro social la incomodidad de comprender que reciben asistencia social.
Una población relativamente pequeña de ancianos sostuvo esta ficción. Ahora, ya no es posible. Contrariamente a la posición del gobierno de Obama, el seguro social sí afecta nuestro problema presupuestario.
Los beneficios anuales ya exceden los impuestos a la nómina. La brecha crecerá. El fondo en fideicomiso tiene bonos del Tesoro; una vez que éstos se cobren, el efectivo necesario podrá obtenerse sólo con préstamos, impuestos o cortando otros programas. La conexión entre el seguro social y el resto del presupuesto es brutalmente directa. La críptica contabilidad del fondo en fideicomiso oculta lo que está ocurriendo. Y lo que es igualmente importante, la manera en que tratemos el seguro social afectará la forma en que tratemos Medicare y, en menor medida, Medicaid.
Puesto que estos programas involucran una asistencia social para la clase media podríamos llevar a cabo recortes sin causar penurias generalizadas. No todos los ancianos son pobres. En 2008, la cuarta parte de las familias encabezadas por una persona de 65 o más años tenía ingresos de más de 75.000 dólares. Sin duda, la gente se indignaría. Tras haber sido mal informada, se sentiría engañada. Pagaron sus impuestos, ¿por qué no pueden obtener todos los beneficios prometidos? Pero la alternativa es mucho peor: imponer todas las cargas sobre los contribuyentes más jóvenes y recortar otros programas gubernamentales. El sacrificio compartido no tiene sentido si excluye a los norteamericanos ancianos.
