La muerte de los 34 cóndores en Los Molles es una consecuencia indirecta y trágica de la disputa entre puesteros y depredadores. En enero las aves murieron envenenadas al comer cebos con Carbofurano que supuestamente estaban destinados a matar pumas y zorros.
Esto comenzó a ser investigado por el entonces fiscal penal de Malargüe, Javier Giaroli, que imputó a los puesteros Nibaldo Baigorria (66) y Ramón Rojas (67) por "daño agravado por uso de sustancia venenosa" e "infracción a la Ley de Fauna por depredación mediante medio prohibido". En julio hubo un cambio en la fiscalía y la doctora Andrea Llorente se declaró incompetente y envió la causa al Juzgado Federal de San Rafael.
"Se considera que es un daño al ecosistema y eso es un delito federal, entonces pasa a la Justicia Federal", dijo a Diario UNO Félix Ayub, abogado de Baigorria, quien al igual que Rojas sigue imputado pero en libertad.
Recordó que "estaba clausurada la instrucción, ahora el juez federal verá si hay algún acto de diligencia más que hacer y lo elevará al tribunal oral".