La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto enviado en revisión desde el Senado, que dispone que los establecimientos del Sistema Sanitario de Salud de Mendoza, clasificados como Clínicas, Sanatorios y Hospitales, que no estuvieren habilitados -cerca de 20- y que se encuentren prestando servicios, podrán solicitar dentro del lapso de seis meses, la habilitación de su institución, mediante la presentación de un proyecto de mejoras que asegure la prestación de los servicios de salud asistenciales, la seguridad del paciente, del personal del establecimiento y de toda persona que circule o concurra.
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El proyecto de mejoras deberá incluir la programación de la obra con etapas de ejecución verificables, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos obligatorios establecidos en la Ley 5.532, que regula el funcionamiento de los establecimientos prestadores de servicios de salud y su reglamentación.
Asimismo establece que la Dirección General de Gestión y Recursos Físicos u organismo que en un futuro lo reemplace, evaluará y se expedirá respecto al proyecto presentado, elevándolo para su aprobación ministerial.
La habilitación del establecimiento dispuesta en esta ley, se otorgará por un plazo que no supere el periodo de 18 meses, pudiendo aumentarse sólo por resolución ministerial hasta seis meses más. En caso de incumplimiento de alguna o todas las etapas del proyecto aprobado, la autoridad de aplicación podrá revocar la habilitación otorgada.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la Dirección General de Gestión y Recursos Físicos u organismo que en un futuro lo reemplace.
La propuesta fue presentada por el Ejecutivo y luego se le sumó otra del legislador del Frente de Todos, Samuel Barcudi. Actualmente son más de 20 instituciones en la Provincia que no cuentan con la habilitación que otorga el Ministerio de Salud. Esto puede repercutir de manera directa en la atención que reciben las y los mendocinos.
Barcudi explicó los lineamientos de su proyecto e indicó: “Esto logrará redundar en un beneficio en la salud de la población ya que de esta manera las clínicas privadas deberán adecuarse a las normas que necesitan los mendocinos para ser atendidos como corresponde en todos lados, para que en Mendoza cada ciudadano tenga la misma atención viva donde viva”.
La norma fundamenta que en Mendoza existen pluralidad de prestadores de salud, como efectores privados, mutuales, obras sociales, entidades prepagas, etcétera, pero existen grandes dificultades para mantenerse activos, propias de la actual crisis económica que atraviesa el país, poniendo en riesgo la atención a distintos grupos de la población, principalmente el de los jubilados, ya que prácticamente el 100% de éstos son atendidos por efectores privados.
Por: Redacción Diario UNO