El obispo de San Rafael se pronunció sobre los dos escándalos que sacuden a la Iglesia Católica local y que tienen como protagonistas a los sacerdotes Carlos Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), y Fernando Yáñez, director del hogar de menores judicializados San Luis Gonzaga de Monte Comán, ambos sometidos a investigaciones internas de la institución religiosa.
Monseñor Eduardo María Taussig reveló en conferencia de prensa que en el transcurso de este año pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano "la expulsión del estado clerical" de Yáñez y está a la espera de la definición al respecto.
Dio dos motivos: la "reiterada desobediencia" del polémico cura de seguir celebrando Eucaristía y otros sacramentos a pesar de que está suspendido hace seis años en el ejercicio sacerdotal y "el audio con voz del mismo padre Yáñez, que lo auto incrimina" y que al Obispado llegó por otra vía antes de su difusión pública.
Sobre el presunto hecho que admitiría en esa grabación, "el Obispado procedió a la 'investigación previa' que le compete al Derecho Canónico de la Iglesia y elevó su resultado a la autoridad competencia de la Santa Sede" para que se expida al respecto.
Además dijo que "cuando el juzgado (de instrucción) que interviene (en la causa contra el sacerdote) solicitó nuestra colaboración brindamos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero yo no he sido convocado a declarar".
Denuncias contra Buela
Con respecto al padre Buela, señaló que "no se han constatado casos abusos de menores atribuibles a él", sino "acciones en materia sexual que afectaron a religiosos y seminaristas del Instituto (del Verbo Encarnado), pero mayores de edad".
En ese sentido, luego de una investigación interna, "la congregación competente de la Santa Sede determinó, conforme a procedimientos canónicos vigentes, la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela".
Por ello, tiene prohibido "del modo más absoluto tener comunicación con los miembros del IVE" y "tampoco puede hacer declaraciones ni aparecer en público, no participar en ninguna actividad o encuentro, sea personalmente, o sea por cualquier medio de comunicación". Actualmente este sacerdote se encuentra recluido "en una casa del Instituto en Génova".
Por este escándalo y las desobediencias a anteriores obispos de San Rafael, el Vaticano decidió en 2004 trasladar la "casa general" (sede central) del IVE de San Rafael a la diócesis italiana de Velletri Segni.
Respecto a la reciente denuncia de "Luis" contra el padre Buela por un presunto abuso, el titular de la Diócesis informó que "me presentó la denuncia este año, en pocos meses hicimos el procedimiento que corresponde y lo elevamos a Roma", a la espera de una definición.
Añadió que "los hechos que denuncia ocurrieron hace 19 años cuando él era menor de edad, ahora tiene 31 años" y "mantenemos un diálogo cordial porque se ha sentido bien respetado y acompañado".
El obispo explicó que Luis siguió el camino de seminarista y hoy es un sacerdote que ejerce en otra parte del país, que no reveló para cuidarlo como víctima. Además, dijo desconocer si realizó una denuncia en la Justicia penal.
Cómo la Iglesia actúa internamente
Monseñor Taussig explicó que una "investigación previa" dentro de la Iglesia Católica es similar a una instrucción judicial donde el obispo, o a quien delegue el caso, actúa como fiscal y, en caso que encuentre elementos para acusar, lo eleva a la congregación correspondiente del Vaticano, que actúa como juez.
Añadió que la investigación puede llevar "algunos meses, como el caso de Luis, o varios años" y la máxima sanción prevista es la expulsión cuando son delitos contra niños.
Dijo que bajo la legislación argentina un obispo no puede hacer una denuncia penal en los casos de abuso sexual porque al ser casos de instancia privada sólo le corresponde a la víctima o a los padres o tutores.