La Justicia federal procesó a 25 personas por conformar una asociación ilícita fiscal en la causa más importante de evasión tributaria de Mendoza. La megaestafa a la AFIP asciende, hasta el momento a los $166 millones, y podría sumar nuevos involucrados y ampliarse considerablemente esa cifra millonaria. Por el caso, ya hay tres prófugos, entre ellos un contador, quienes serían los cabecillas de la organización que trascendió las fronteras de la provincia teniendo en cuenta que se detectaron ramificaciones en San Juan, San Luis y Córdoba.El juez federal a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, Marcelo Garnica, fue quien dictó el procesamiento.La maniobra que se les atribuye a los ahora procesados consiste, fundamentalmente, en haber intervenido en la confección, ofrecimiento en venta y distribución a contribuyentes de facturas apócrifas que habrían sido utilizadas para la generación de crédito fiscal espurio o simulación de costos, permitiendo a los usuarios reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados (IVA y Ganancias). Se calcula que unos 1.300 "clientes" utilizaron estos servicios, la mayoría residente en Mendoza. Entre ellos, llama la atención que entre los involucrados figura un organismo público, precisamente la DINAF, por lo que AFIP ya denunció el hecho en el fuero federal.El organismo recaudador debe determinar, además, si las empresas que compraron facturas para bajar su base tributaria superaron el monto de $400.000 anuales. De ser así, habrían incurrido en el delito de evasión y podrían afrontar sanciones penales más graves.
La punta del ovillo
La causa se originó con la presentación efectuada el 3 de junio de 2015 por la jefa de la Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP. Esta administración se había puesto en conocimiento de la recepción de una denuncia que involucraba al estudio contable de uno de los principales imputados y organizador de la asociación ilícita fiscal -actualmente se encuentra prófugo-, en la que se daba cuenta de la utilización de empresas creadas por el titular de ese estudio contable o firmas reconocidas del medio -se les escaneaba el formato de sus comprobantes- para ofrecer dichas facturas (crédito fiscal) y se las ofrecían a todos los posibles usuarios del crédito fiscal improcedente, por sí o mediante intermediarios, a fin de que aquellos seleccionaran los comprobantes a adquirir, determinando la empresa "proveedora", el concepto de la factura, el monto de la operación y la fecha.Además, surgió la intervención activa y con un rol de relevancia -también como jefe u organizador de la asociación ilícita fiscal- de otro contador -también se encuentra prófugo-, quien conjuntamente con el dueño del estudio contable antes nombrado, encabezaba la organización de carácter ilícito dirigida a la comisión de delitos tributarios.Por ello, el fiscal Fernando Alcaraz, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, el año pasado requirió la instrucción formal de la causa y solicitó la producción de una serie de medidas, para lo cual se había solicitado colaboración al área de tributario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.Una vez producidas las mismas, con el total de la prueba recolectada más la aportada por la AFIP, el 18 de abril, requirió la imputación de varios de los intervinientes, imputación que se amplió con la posterior presentación de la AFIP quien interviene como querellante en la causa, lo que dio lugar a la imputación de los 25 sujetos que han sido procesados más los sujetos que por encontrarse prófugos no han podido ser indagados.La importancia y trascendencia de la presente investigación radican no solo en la cantidad de sujetos y empresas que se encuentran involucradas, sino en el hecho de que las maniobras descriptas habrían redundado en un perjuicio fiscal que, como mínimo, superaría los $166.000.000 que dejaron de ingresar a las arcas del Estado nacional a causa de la compensación ilegítima efectuada por los usuarios-contribuyentes.