Desde las ventanas de Casa de Gobierno se veía como se acercaba la multitudinaria marcha de ambientalistas y vecinos contra la reforma de la ley 7722, pero puertas adentro los funcionarios ya habían tomado medidas y decisiones. Las medidas concretas rodear el edificio de vallas y desplegar un operativo de seguridad, las de fondo, mantener la decisión política de avanzar con la reforma que se convirtió en ley el viernes.
Te puede interesar: Cuánto cuesta poner en blanco a una empleada doméstica
" No pensamos que las manifestaciones se fuesen a extender tanto después de la sanción de la ley, pero están en su derecho de manifestarse pacíficamente", se sinceraban algunos funcionarios por lo bajo. Como para asegurarse que no hubiese disturbios, desde el Ministerio de Seguridad se dispuso de 500 efectivos para rodear el edificio gubernamental.
Sin embargo, más allá de la manifestación en sí, desde lo político el Gobierno está decidido a avanzar e implementar la reciente modificación de la ley 7722 que se sancionó el viernes.
De antemano sabían de la marcha que llegaría desde San Carlos, y durante el fin de semana hubo reuniones y llamadas para organizar operativos y delinear la estrategia comunicacional. Así se definió que el único vocero oficial sería el Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
En el cuarto piso insisten en que la nueva letra de la ley "establece los controles ambientales necesarios, contempla el balance de los glaciares y también el ordenamiento territorial, además no se va a implementar en los departamentos en los que no haya consenso social. Somos coherentes, avanzamos con el consenso político, incorporamos los aportes de la oposición y vamos a sostener que es necesario ampliar la matriz productiva con minería cuidada", recalcaron.
El mayor reclamo de los manifestantes era que el gobernador Rodolfo Suarez, diera marcha atrás y no promulgara la reciente modificación de la ley, pero todo hace suponer que eso podría suceder la próxima semana, cuando, esperan, bajen las manifestaciones populares.