El Senado de Mendoza convirtió en ley este martes un nuevo régimen para sancionar a quienes arrojen basura en los cauces de riego y drenajes de la provincia. La norma modifica el Código Contravencional y establece multas, arresto y trabajo comunitario para quienes tiren residuos, escombros, plásticos, áridos, animales muertos u otros desechos en lugares donde puedan afectar el escurrimiento del agua.
La sanción del proyecto llega mientras la Provincia y los municipios profundizan las tareas de limpieza y prevención ante los pronósticos de posibles temporales asociados al fenómeno de El Niño.
La iniciativa también había sido impulsada por la Municipalidad de Ciudad de Mendoza. Su intendente, Ulpiano Suárez, destacó que la aprobación tuvo acompañamiento unánime en el Senado y planteó que mantener despejados los cauces ya no es solamente una cuestión de limpieza urbana, sino también de seguridad.
Las multas por tirar basura en los cauces llegan a $1,8 millones
La nueva legislación establece multas de entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas (UF) para quienes arrojen o abandonen residuos en canales, colectores, acueductos, cauces aluvionales, hijuelas, acequias, obras de toma, derivaciones y otras estructuras destinadas al drenaje. Con el valor vigente de la Unidad Fija, la sanción representa aproximadamente entre $900.000 y $1,8 millones.
Pero la multa no será la única consecuencia. La norma contempla también arresto de 15 a 25 días y 25 días de trabajo comunitario destinado a tareas de limpieza. Además, quien cometa la infracción deberá hacerse cargo de los costos de limpieza, remoción, traslado y saneamiento que genere la basura arrojada.
Un punto importante es que no será necesario que se produzca una inundación, un desborde o un daño efectivo para aplicar la sanción. La conducta queda alcanzada por la norma cuando pueda provocar obstrucciones, contaminación, desbordes o daños en la infraestructura.
Qué pasa con las empresas que arrojen residuos
La ley también contempla una situación que hasta ahora podía resultar más difícil de encuadrar, como el tema de las infracciones cometidas en nombre, interés o beneficio de una persona jurídica.
En esos casos, las multas serán todavía mayores y podrán ir de 5.000 a 10.000 UF, es decir, entre aproximadamente $3 millones y $6 millones. Además, podrán aplicarse otras sanciones, como clausuras o inhabilitaciones, según corresponda.
La norma busca así alcanzar no solamente al vecino que arroja residuos en una acequia o zanjón, sino también a actividades comerciales o empresariales que puedan generar vuelcos o acumulación de materiales en la infraestructura hídrica.
Las penas se duplicarán durante una emergencia hídrica
Uno de los puntos que adquieren mayor relevancia en el contexto actual es el agravamiento previsto para situaciones de alerta o emergencia hidrometeorológica y estados de catástrofe formalmente declarados.
Si una persona arroja residuos en la infraestructura protegida durante uno de esos períodos, los mínimos y máximos de las sanciones se duplicarán. La medida apunta a reforzar la protección de los cauces precisamente cuando la capacidad de escurrimiento del agua resulta más importante.
El objetivo es evitar que bolsas de basura, ramas, escombros y otros elementos terminen convirtiéndose en obstáculos para el agua durante una tormenta. En Mendoza, donde buena parte del sistema urbano depende de acequias, canales y colectores para conducir el agua, la obstrucción de esos espacios puede aumentar el riesgo de anegamientos.
Ulpiano Suarez recordó que Ciudad ya había puesto en marcha este mecanismo
La Municipalidad de Ciudad de Mendoza venía reclamando una legislación provincial más severa y había presentado la problemática como parte de las acciones preventivas frente a la temporada de tormentas. Durante 2025, el municipio retiró más de 1.100 toneladas de residuos del colector Papagayos, en 12 operativos de limpieza que tuvieron un costo superior a $128 millones.
Tras la aprobación de la ley, Suárez celebró el acompañamiento de los legisladores y sostuvo que la iniciativa trasciende las diferencias políticas.
El intendente agregó que la nueva legislación permitirá trabajar junto con los demás municipios para profundizar el cuidado de los cauces y de la infraestructura hídrica provincial
En pocas palabras
- Senado de Mendoza: convirtió en ley el régimen para sancionar el arrojo de basura en cauces de riego.
- Multas millonarias: las sanciones van de $900.000 a $1,8 millones, duplicándose en alertas hídricas.
- Impacto empresarial: las empresas infractoras enfrentan multas de hasta $6 millones y otras sanciones accesorias.


