El interbloque de Unidad y Equidad Federal, que preside el diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón, y en donde conviven 8 legisladores, entre díscolos del PRO y massistas, se convirtió en un grupo clave para conseguir el quórum que permita tratar las leyes de Emergencia que pretende el Gobierno.
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En su necesidad de sumar diputados a las 120 bancas oficialistas, el Gobierno intenta negociar con esos pequeños bloques de manera de conseguir con ellos el quórum que les negó la oposición de Juntos por el Cambio. Ante el pedido, ese interbloque de 8 diputados, estaría dispuesto a dar el quórum "para habilitar la discusión. Igualmente no vamos a avalar el artículo 85, ni la limitación del Plan Médico Obligatorio (PMO), ni queremos que sea el presidente quien defina como se actualizan los haberes jubilatorios", adelantó Ramón.
En medio de esa negociación, el mendocino y sus adeptos pusieron en la mesa un artículo por demás polémico: el que define cómo se actualizan las jubilaciones.
El proyecto oficial busca congelar por 180 días el régimen de actualización de haberes jubilatorios que se estableció en 2017 y a la vez "faculta al Poder Ejecutivo para que diseñe un nuevo esquema".
"Nosotros lo que pretendemos es cambiar ese artículo para que el índice de actualización del esas jubilaciones se defina en una comisión del Congreso y de la que queremos ser parte", precisó Ramón.
En la mañana de este jueves, esa modificación se estaba estudiando y era materia de negociación.
Cambios que se incluyeron al proyecto original
Además de eliminar del proyecto el polémico artículo 85, que le daba al presidente Alberto Fernández las facultades para modificar unos 60 organismos autárquicos, sin la necesidad de pasar por el Congreso, ahora el Gobierno también aceptó modificar algunos puntos relacionados a la salud.
"Un artículo limitaba el acceso al Plan Médico Obligatorio, que es lo más básico en salud. Eso es lo que cuestionamos porque si estamos hablando de emergencia en salud, ese plan es lo más básico. Nosotros no vamos a dejar que se considera a la salud como un bien de mercado, en donde hay que garantizar los costos o rentabilidad. Ese cambio se aceptó y está en el artículo 74, tanto es así que hasta el ministro Ginés González García lo aceptó", resumió Ramón.