Polémico fallo habilita a la secretaria de la Corte a seguir cobrando $406.000
La Sala II de Suprema Corte, con los votos de Omar Palermo y Mario Adaro, aceptó la cautelar que presentaron los equiparados para seguir cobrando como jueces
Omar Palermo y Mario Adaro, de la Sala II de la Corte votaron a favor de aceptar la medida cautelar de los equiparados a magistrados, entre ellos la secretaria de la Corte. José Valerio votó en disidencia.
El polémico fallo que se conoció este martes, se firmó el viernes 16, con los votos afirmativos de Omar Palermo y Mario Adaro y la disidencia de José Valerio, y en él se acepta la medida cautelar que habían solicitado los 22 equiparados a magistrados que pretenden seguir cobrando salarios similares a los de los jueces.
Esos equiparados entienden que la ley 9230, que impulsó el mismo gobernador Rodolfo Suarez, y que buscaba eliminar las inequidades en el Poder Judicial, los emplazaba a perder el beneficio de cobrar como un juez sin serlo. La secretaria de la Corte, Elizabeth María Carbajal, por citar uno de los ejemplos, continuará percibiendo $406.000.
Luego de conocer que una Secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías.
El fallo en cuestión establece: "resulta prudente y aconsejable disponer cautelarmente ordenar al Gobierno de la Provincia que, a través de sus dependencias competentes en la materia, se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos".
El juez José Valerio votó en disidencia y en sus discrepancias con sus pares asegura que no se constata "la ilegitimidad del acto legislativo cuestionado, cuya dilucidación exige una instancia con amplitud de debate y prueba, que exceden del conocimiento provisorio de una precautoria".
Asegura Valerio también que "tampoco se ha probado, ni sumariamente, que su cumplimiento ocasione un perjuicio irreparable a los derechos constitucionales que la peticionante denuncia como conculcados, ello toda vez que, en su caso, los mismos pueden ser objeto de indemnización o de restitución".
Al fijar el alcance de la medida "hasta tanto se dicte sentencia definitiva" los jueces de la Sala II de la Corte están llevando la discusión de fondo no sólo a un pleno de la Suprema Corte, en donde deban manifestarse los 7 integrantes, sino que incluso la discusión podría llegar a la Corte Suprema de la Nación.
