Mediante un decreto, el gobierno de Javier Milei dispuso el cierre de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y creó el Registro Nacional de Armas (RENAR), el que pasará a operar como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. También eliminó el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA)
Los cambios, argumentaron, responde a la estrategia de reducir los costos de la estructura estatal sin desatender las funciones esenciales en materia de control de armas.
La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 445/2025 en línea con la Ley Bases que apunta a mejorar la eficiencia estatal.
La semana pasada también por decreto nación había avanzado en la “flexibilización” de las armas de fuego y eliminó la tasa anual obligatoria para usuarios y extendió a cinco años el plazo de vencimiento de las inscripciones.
Y hace 15 días ya se había flexibilizado el régimen de control sobre armas semiautomáticas, fusiles, carabinas y subametralladoras que antes estaban prohibidas para civiles.
El RENAR fiscalizará las armas y explosivos
El decreto establece que el nuevo RENAR mantendrá las funciones que hasta ahora ejercía la ANMAC, entre ellas, la fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429, el control de materiales regulados y la cooperación en políticas de prevención de la violencia armada.
El decreto elimina el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA). Desde ahora, el financiamiento de esas iniciativas dependerá de los recursos asignados al Ministerio de Seguridad.
El decreto aclara que se mantendrán los cargos, la situación de revista y las unidades organizativas de la ANMAC hasta tanto se adecúe la nueva estructura organizativa del Ministerio de Seguridad.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se enmarca en una estrategia de reorganización de organismos estatales para reducir el déficit y transparentar el gasto público.