Las elecciones del gremio judicial fueron legítimas
Adriana Domínguez asumirá por 3 años como secretaria general tras un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo. En la era Macri-Cornejo sobrevoló el fantasma de la intervención
Adriana Domínguez, la primera mujer en conducir el gremio de los empleados y funcionarios judiciales de Mendoza tras el fallo de la Justicia.
La Cámara Nacional de Apelaciones en materia laboral confirmó este jueves que Adriana Domínguez fue electa de manera legítima para el cargo de Secretaria Gremial del Sindicato de Empleados y Funcionarios Judiciales de Mendoza durante las elecciones de 2016.
La validez de ese acto eleccionario había sido cuestionada y el Ministerio de Trabajo de la Nación, entonces a cargo de Jorge Triaca hijo, lo judicializó impidiendo la asunción de Domínguez y solicitando la intervención del gremio bajo el argumento de que había ineficacia jurídica. Por entonces Alfredo Cornejo era gobernador de Mendoza.
Poco después, en respuesta a una cautelar, la Justicia Laboral rechazó la intervención y decidió que el entonces secretario general, Carlos Ordoñez, continuara al frente del gremio mientras resolvía si el acto eleccionario era legítimo o no: la cuestión de fondo del caso judicial.
Ahora, cuatro años y medio más tarde, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en materia laboral ratifica la validez de los comicios celebrados en junio de 2016.
"Fue una etapa muy compleja debido a una clara maniobra de la patronal: me refiero a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Ejecutivo con la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación a cargo de Triaca. Este fallo que acabamos de conocer hace justicia realmente y confirma que las elecciones de 2016 fueron transparentes", dijo Adriana Domínguez a UNO.
De 44 años y 21 de carrera en el Poder Judicial, ha trabajado en casi todos los fueros, será la primera mujer en conducir el gremio. Lo hará durante los próximos tres años a partir de una fecha a determinar.
"Que se haga Justicia en los tribunales -dijo Domínguez- también implica la transparencia en las relaciones laborales en el Estado. Ahora, los judiciales vamos por los convenios colectivos de trabajo".
