Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
El vocero consignó además que Condomí Alcorta en los próximos días comenzará por etapas a tomar declaración indagatoria a las 36 personas que fueron aprehendidas durante el desalojo y liberadas este jueves por orden del mismo fiscal que entiende en la causa.
El fiscal tomó esa decisión en base al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal que lo habilita a "disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circunstancias del caso no solicitará la prisión preventiva".
Las 36 personas fueron aprehendidas luego de que la policía bonaerense desalojó, en cumplimiento de una orden judicial, el predio que mantenían ocupado las familias que no habían aceptado el acuerdo con el Gobierno provincial para retirarse pacíficamente del lugar.
Este viernes, el presidente Alberto Fernández dijo que tanto el desalojo del predio de Guernica como el del campo de la familia Etchevehere "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone", al tiempo que aseguró que desde el Gobierno nacional "nadie promueve la toma de tierras" y remarcó que "la propiedad privada nunca estuvo en discusión en la Argentina".
"Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la justicia", dijo el mandatario al inicio de una publicación que realizó en Twitter y, más tarde, en declaraciones a Radio 10.
Agregó que "la Justicia ya había tomado la decisión de sacar a la gente de ahí, pero la postergó una y otra vez hasta que al final dio la orden y se cumplió de forma razonable porque no hubo heridos ni se tuvo que lamentar ninguna muerte".
"Se resolvió con la intervención de la justicia y el Gobierno provincial en una situación muy compleja", dijo y agregó que “es una decisión judicial que la policía ejecutó mientras que la provincia hizo un trabajo enorme y silencioso para detectar cuales eran las familias que tenían una verdadera necesidad de vivienda y fueron reubicadas".
En la misma sintonía, se pronunció la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, quien reconoció que "a nadie le gusta que se desaloje gente humilde de ningún lugar, especialmente a quienes tenemos responsabilidades públicas y somos peronistas", pero remarcó que el operativo de desalojo del predio de Guernica "no fue una decisión del Poder Ejecutivo sino de la Justicia".
En declaraciones formuladas a radio Provincia, la funcionaria sostuvo que la administración bonaerense trabajó por más de 100 días "para resolver la situación de las personas que no tenían ningún lugar" donde vivir y atendiendo "situaciones de emergencia", tras lo cual se logró que "800 familias se retiraran voluntariamente".
"Quedaba un remanente de personas que no accedieron. Hasta último momento el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, esperó para firmar un acuerdo, pero no se presentaron y la Justicia dispuso el desalojo", aseveró.