La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo, mediante el cual se suspende, hasta el 31 de diciembre del 2024, la ejecución de sentencias sobre deudas hipotecarias, cuyos titulares se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Hipotecarios.
Cámara de Diputados
Es ley la suspensión de sentencias por un año para deudores hipotecarios en Mendoza
Incluye a todas las personas inscritas en el Registro de Deudores Hipotecarios elaborado por el Ejecutivo y otras instituciones que se ocupan de defender la vivienda familiar.
Los propietarios de viviendas que estén incluidos en el Registro de Deudores Hipotecarios podrán respirar tranquilos un año más: las sentencias no serán ejecutadas, al menos hasta el 31 de diciembre del 2024.
Cristian Lozano/Diario UNO.Estos deudores no tendrán que realizar ningún trámite administrativo, en el Poder Ejecutivo o Judicial.
A quiénes alcanza la nueva ley
La nueva ley se basa en el artículo 2° de la 8.182, que incluye a quienes tienen deudas hipotecarias e integren el registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios.
También abarca a los deudores de los ex bancos de Mendoza y de Previsión Social y a todos los deudores del sistema financiero o privados, que se encuentren comprendidos en el registro mencionado.
Fundamentos del proyecto para ayudar a los deudores hipotecarios
En la fundamentación del proyecto remitido por el Senado, se señala que “la situación de quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, luego de la crisis del 2001, es que se vieron imposibilitados de hacer frente a esas obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa”.
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En consecuencia, agrega el texto, “se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. En Mendoza se sancionaron las leyes 8.005 y 8.182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”.
El artículo 3 de la ley 8.182, es el que suspende los trámites de ejecución de sentencias que recaigan en las deudas hipotecarias. Lo hace por 365 días, desde la sanción de esa ley.
Todos los años, la Legislatura renueva esa prórroga, por 365 días más, lo ha hecho en forma sucesiva y sin interrupciones, por lo que este año , se ha tomado la misma decisión y se le ha dado continuidad al beneficio.