El plan de Cornejo para "convencer" a los bancos de refinanciar las deudas de 271.000 morosos

"Estamos en diálogo con las entidades bancarias más importantes que son acreedoras de las familias mendocinas para diseñar un sistema de incentivos, para que estos acreedores tengan la motivación de solucionar más rápido el problema", confesó Fayad en el programa Séptimo Día (El Siete).

Pero el gran interrogante es cómo será ese "empujón" que dará el Gobierno a los bancos para que refinancien a ese 17% de mendocinos que están en condición de morosos.

El plan que se conocerá esta semana supone que Fayad les pedirá a los bancos que refinancien esas cuentas con deudas, con una tasa más conveniente, en un plazo determinado. El banco que cumpla con esos requisitos tendrá una quita, posiblemente de dos puntos, en la alícuota de Ingresos Brutos por el tiempo que dure esa refinanciación.

"Por ejemplo: se les va a pedir que refinancien las deudas de esas familias en 6 meses, y si cumplen tendrán ese beneficio fiscal. Si bien las arcas del Estado van a dejar de recibir esa contribución por ese lapso, ese alivio de la refinanciación que la gente reciba se traduce en mayor ingreso disponible para esas familias y eso modifica los patrones de consumo, por lo cual vuelve al circuito", explicó una fuente del Gobierno.

Pero el plan que se diseña en Hacienda es aún más ambicioso. Pretende que los bancos difundan las tasas de refinanciación -algo que algunos no cumplen- y que los que accedan a bajar las tasas ofrezcan mejores condiciones a los tomadores de créditos que estén al día.

"La idea es que los morosos puedan pagar lo que deben, pero a la vez que no se perjudique al que está al día; no queremos especulaciones ni que los cumplidores crean que es más beneficioso dejar de pagar para refinanciar después la deuda", insistió otra de las fuentes que generan el plan.

El claro que al Gobierno de Cornejo le preocupa la situación acuciante que atraviesan esos 271.000 mendocinos -entre los que hay unos 3.000 empleados públicos- pero entiende que la salida no es romper el sistema de créditos actuales, sino acordar con los bancos para que cedan en las tasas de refinanciación como para asegurarse que el banco recupere lo que prestó y el deudor pueda recuperar su situación.

"A la persona que cayó en mora todo se le hace más difícil. Ya no accede a tarjetas de crédito, si toma otro préstamo es mucho más caro y entra en un circuito imposible. Es más caro recuperar a alguien que se cae del sistema que asistirlo para que pueda salir", opinó un ex funcionario de Hacienda.

Doce gobernadores avanzaron con programas para refinanciar deudas

Después de que el presidente Javier Milei y el ministro Caputo rechazaran de plano que el Estado nacional intercediera en la situación de ese 12% de argentinos que cayó en morosidad, hubo un diverso grupo de gobernadores que opinaron distinto y diseñaron programas para colaborar en la refinanciación de esas deudas.

Lo llamativo es que entre ellos aparecen tanto opositores -el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela- como dialoguistas tales como:

• Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
• Gustavo Valdés (Corrientes)
• Martín Llaryora (Córdoba)
• Claudio Vidal (Santa Cruz)
• Gustavo Sáenz (Salta)
• Carlos Sadir (Jujuy)
• Rolando Figueroa (Neuquén)
• Hugo Passalacqua (Misiones)

A ese grupo se sumaron Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, con un plan que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2026, y la Ciudad de Buenos Aires con su programa de desendeudamiento aprobado por la Legislatura.

Qué ofrece concretamente cada plan provincial

Los diversos programas de esos gobernadores comparten estructura pero difieren en el instrumento principal.

Según consignan distintos medios provinciales, Tierra del Fuego, por ejemplo, aplicó la medida más directa sobre el costo. Se trata de una baja del 20% en las tasas de financiación de las tarjetas Fueguina Visa y Mastercard, que alcanza a unos 30.000 clientes del Banco de Tierra del Fuego, más una reducción de 10% en las tasas de préstamos personales para clientes con y sin acreditación de haberes. Incluye a quienes ya figuran en Veraz.

Santa Fe puso, en cambio, el foco en proteger el ingreso. El Plan de Protección de Ingresos, lanzado junto al Banco Santa Fe, alcanza a empleados públicos activos y pasivos, trabajadores privados, independientes, monotributistas, autónomos y municipales. Su cláusula más relevante es el tope: en el caso de los empleados estatales, garantiza que los descuentos no superen 25% de los ingresos. Ya reunió casi 20.000 inscriptos.

Córdoba trabaja en dos niveles. El banco provincial Bancor tiene un plan de consolidación de deudas a pagar hasta en 60 cuotas, sin quita de capital ni de intereses. A eso Llaryora sumó el proyecto "Alivio Cordobés", enviado a la Legislatura, que contempla baja de tasas e invitación a los bancos privados a sumarse con refinanciaciones a tasas razonables.

Por su lado, Buenos Aires avanzó a través del Banco Provincia. Afianzó el programa integral de regularización financiera, que ya superó las 100.000 refinanciaciones. El monto total refinanciado ya superó los $390.000 millones, lo que representa un incremento de 382% respecto del mismo período de 2025. Del total de deudas refinanciadas, 96% corresponde a personas y el 4% restante a empresas.

Por qué la mora varía tanto entre provincias

La variación de la cantidad de morosos que se concentran en cada provincia es importante. Según el informe de EcoGo junto a la Universidad Austral sobre datos del Banco Central, La Rioja registra una mora de 24,5% mientras La Pampa se ubica en 9,1%. Casi tres veces de diferencia entre un extremo y el otro.

Si se toma como referencia la cantidad de morosos en términos absolutos, según una radiografía realizada por el CEPA (Centro de Economía Política de Argentina) en base a los datos del BCRA, Mendoza está en 5° lugar de las 24 provincias medidas, detrás de CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y arriba de Tucumán (257.000), Salta (casi 187.000) y Misiones (165.158), entre otras. Pero hay cifras que grafican todavía mejor lo serio de la situación.

Esa dispersión explica por qué las respuestas provinciales son tan heterogéneas y por qué gobernadores de signos políticos opuestos llegaron a conclusiones parecidas sobre la necesidad de intervenir.

Las provincias con estructuras de empleo público más grandes tienen además una herramienta que la Nación no tiene: pueden actuar directamente sobre los descuentos aplicados a los sueldos que ellas mismas pagan. Ese es el mecanismo detrás del tope de 25% que instrumentó Santa Fe.

Pero además hay jurisdicciones que tienen un banco provincial, por lo que pueden fijar tasas por decisión política, y el código de descuento sobre el salario de sus empleados.

El debate se traslada al Congreso

La preocupación por la creciente morosidad escaló tanto que la oposición convocó a una sesión en Diputados para el miércoles 9 de septiembre de 2026 con la intención de tratar un paquete de proyectos sobre la mora y el endeudamiento familiar. De hecho, ya se presentaron alrededor de 45 iniciativas sobre el tema.

Uno de ellos es de autoría de la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Pretende frenar la implementación de la Comunicación “A” 8.406, que implementa el mecanismo de “Cobro con Transferencia” (CCT) para el débito automático y recurrente de cuotas de préstamos y le pide al Banco Central que la deje sin efecto.

El principal argumento de Sagasti es que esa disposición, que entró en vigencia el pasado 31 de agosto, “vulnera la libertad de disposición económica” de los usuarios y a la par cuestiona que las entidades tengan una vía prácticamente compulsiva para cobrar.

Porque -según resalta- al momento en que se acredita un salario o un haber previsional, el sistema puede extraer automáticamente la cuota antes de que la persona pueda decidir cómo utilizar esos fondos.