Germán Vicchi, senador provincial afín a Omar De Marchi, presentó un proyecto de ley por el que busca regular la fiscalización de empresas en las que el Estado tiene injerencia. El objeto es que todas ellas tengan sí o sí un síndico de la oposición.
Ocho sociedades en la mira
El demarchismo puso el ojo en el control de las empresas con participación del Estado
Lo que busca a través de un proyecto de ley es fiscalizar las empresas que son controladas por la Provincia como Potasio Río Colorado, IMPSA, la Sociedad de Transporte, la recientemente creada Impulsa y otras
Germán Vicchi (a la derecha) presentó un proyecto de ley para cambiar la forma de selección de los síndicos de las empresas estatales.
"La Provincia ha realizado un giro copernicano en la forma de explotar sus recursos naturales y gestionar los servicios públicos que brinda a la comunidad, pasando de un sistema de libre mercado a un intervencionismo estatal", se quejó el senador en los argumentos.
Y enumeró que en los últimos años Mendoza pasó a tener participación en siete empresas como: Emesa, Aysam, Potasio Río Colorado (PRC), la Sociedad de Transporte (STM), Aeronáutica Mendoza SA (Aemsa), IMPSA, en un acuerdo con la Nación, y la recientemente creada Impulsa Mendoza SA.
En tanto, resaltó que Rodolfo Suarez busca la creación por ley de una nueva empresa: Hidroeléctricas mendocinas SA.
Por qué De Marchi hace foco en las empresas del Estado
En los argumentos del proyecto que ya entró en la Legislatura provincial, el senador demarchista remarca que hubo un "cambio radical en la política económica de la provincia de Mendoza" y que "dejamos de ser una provincia que promueve la inversión privada con control del Estado a ser una provincia que interviene en forma en activa en la prestación de servicios públicos y explotación de sus recursos naturales".
Para él, el "Estado ha dejado de lado su rol de contralor para tener un rol activo en la vida económica de la provincia mediante la administración y promoción de negocios".
Y es por ello que busca que mediante una ley se pueda fiscalizar la actividad que desarrolla cada una de las empresas públicas, especialmente por el manejo de fondos y por la importancia estratégica que tienen.
El cambio trascendental que propone Vicchi es que el síndico o la comisión fiscalizadora no sea designada por el Gobierno sino por las segundas y terceras fuerzas, es decir, por la oposición.
Lo que refiere el senador es que el control posterior del Tribunal de Cuentas puede ser útil pero que más lo sería si hubiese un control interno y directo por personas que no están vinculadas al Gobierno que los nombra.