Con el objetivo de poder introducir cambios que le permitirán redefinir el uso de fondos asignados a las provincias en el marco del sistema de la educación nacional, el Gobierno nacional modificó por decreto la Ley N.º 26.075 de Financiamiento Educativo mediante un decreto.
El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La modificación ocurre en un contexto de ajustes, recortes y tensiones entre el Gobierno central y los gobernadores por los recursos coparticipables.
El Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial introdujo modificaciones al artículo 9 de la normativa vigente, habilitando a la Secretaría de Educación de la Nación a establecer un mecanismo de "reasignación" de fondos en caso de que alguna provincia no cumpla con los requisitos necesarios para su utilización.
Los argumentos de la modificación de la ley que financia la educación
La norma argumenta que se busca "mejorar la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos destinados a la educación".
En el texto se establece que, cuando las jurisdicciones destinatarias no presenten los proyectos educativos requeridos o incumplan los criterios establecidos para el uso de los recursos, los mismos podrán ser redistribuidos por la autoridad nacional a otras provincias que sí cumplan con esos lineamientos.
La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, establece metas de inversión progresiva en educación por parte del Estado nacional y las provincias, y fija un piso del 6% del PBI destinado al sector.
Ley de financiamiento Universitario
Por su parte el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está manteniendo reuniones para elaborar un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para ser presentado ante el Congreso de la Nación.
Rectores y otros integrantes de la comunidad universitaria trabajan en consensos para salir de una situación despertante ante la falta de presupuesto y caída de los salarios, explicaron y hablaron de la necesidad de una ley para el sostenimiento de la Educación Superior Pública.