Se trata de Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento, ambos empleados judiciales y acusados por "lavado de activos de origen ilícito", en el marco de la investigación iniciada en mayo de 2021 cuando el juez federal Eduardo Puigdéndolas (actualmente de licencia), imputó a Bento como presunto jefe de una asociación ilícita junto a su esposa y varios abogados. Nahuel es secretario de primera instancia y Luciano es empleado de un Tribunal Oral Federal.
Según la imputación, Nahuel es investigado por adquirir tres inmuebles (un departamento, una cochera y una baulera), cdistintos autos y locales comerciales.
En la acusación, los detectives destacaron que el acusado compró con activos ilícitos un Renault Clío 1.2, modelo 2006, a $46.000; un Ford Fiesta Kinetic modelo 2012 a $96.000 (en el 2012); un Audio A3 cero kilómetro a $320.000 y un Audio S3 modelo 2017 a $890.000.
A Luciano lo investigan por la compra de tres inmuebles y por distintas transacciones en la compra de vehículos.
Acusado de cobrar coimas
Walter Bento, padre de los nuevos imputados en la causa y con competencia electoral en Mendoza, se encuentra con prisión preventiva pero aún en funciones, acusado de cobrar coimas en Mendoza para favorecer a presos.
El juez se encuentra imputado como presunto líder de una asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En setiembre pasado, miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvieron no impulsar el proceso de desafuero y su suspensión, a pedido de miembros de la magistratura.
Según la nueva imputación, los hermanos Bento fueron señalados de "haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita, al adquirir bienes, muebles e inmuebles registrables, como también realizar inversiones en fideicomisos inmobiliarios y numerosos viajes al exterior".
El fiscal Dante Vega también ordenó la prohibición a ambos de salir del país y requirió la retención de sus documentos de viaje. El pedido de Vega fue acompañado por Mario Alberto Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Desde el inicio de la investigación, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de 22 personas, entre las que se encuentran el juez federal y su esposa Marta Boiza, suspendida de su cargo como empleada judicial y también investigada por enriquecimiento ilícito.
La investigación se inició luego de que la fiscalía federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado, que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del magistrado procesado.
A Bento la justicia le dictó el año pasado un embargo por $177.610.000.
