El fiscal de Estado de la Provincia, Fernando Simón y el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, presentaron este jueves en Legislatura un proyecto de ley para que se puedan resolver las demandas contra el Estado en las que se puede llegar a un acuerdo entre las partes, en lugar de ir a juicio.
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Se calcula que en esta situación hay unas 2000 causas, en muchas de ellas el Estado tiene grandes posibilidades de perder los juicios.
El proyecto es complementario al nuevo Código Procesal Civil y Comercial (ley provincial 9001) y apunta a agilizar la resolución de las demandas y a lograr un ahorro de aproximadamente el 25% de los costos de los procedimientos más los intereses.
Una herramienta útil
El senador Marcelo Rubio (UCR) presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la que tiene la responsabilidad de estudiar el proyecto, explicó los pasos que se seguirán para acortar los procesos jurídicos.
En primer lugar, y luego de haber contestado la demanda, la entidad demandada (la DGE, por ejmplo) tiene que enviar a la Fiscalía un informe sobre los beneficios de llegar a un acuerdo.
Luego, se tiene que poner un monto a ofertar.
Para esto, deberá conformarse una comisión valuadora, que será la encargada de determinar la cifra monetaria a ofrecer en cada caso.
El senador remarcó que el beneficio para el Estado no es solamente en el pago del monto de la demanda, sino en achicar el proceso en el tiempo y que esto implique una disminución de los intereses, que anualmente son del 40%.
En cuanto a los tiempos legislativos, Rubio destacó que la semana próxima tomará estado parlamentario y es probable que sea votada el martes 25 de febrero.
