Alberto Fernández relevó de guardar secreto a exfuncionarios de Macri investigados en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Este sábado a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial Alberto Fernández relevó del deber de guardar secreto y confidencialidad a varios funcionarios de la gestión de Mauricio Macri para que puedan prestar declaración en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
La semana pasada Alberto Fernández había adoptado la misma medida con Macri, luego de que se frustrara su presentación en el Juzgado de Dolores por el detalle técnico de que el líder del PRO aún estaba obligado a guardar secreto y confidencialidad en cuestiones vinculadas a la Inteligencia.
De esta manera quedaron autorizados a dar detalles vinculados a la Inteligencia el ex ministro de Defensa Oscar Aguad; el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis; al ex jefe de la Custodia Presidencial Alejandro Cecati; el ex titular de la Casa Militar José Luis Yofre; y su sucesor, Alejandro Guglielmi; y el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. El jefe de Estado también incluyó en el listado a Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI.
El presidente Alberto Fernández explicó en la medida que el juez Martín Bava "solicitó que se releve del deber de confidencialidad previsto en la Ley Nº 25.520 a siete personas que individualiza en el oficio de requerimiento, en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes".
Asimismo, remarcó que en el expediente en cuestión "se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación".
Al finalizar el decreto expresa: "Con el fin de posibilitar la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar a las personas solicitadas por el juez interviniente del deber de secreto y confidencialidad en los términos de la normativa vigente".
