Desde junio del año pasado que el Gobierno provincial, a través de la Inspección General de Seguridad (IGS), se encuentra jugando una pulseada con un grupo de policías que son investigados administrativamente por distintas irregularidades. Uno de ellos, de rango comisario general, intentó acudir a la Justicia provincial para cesar la medida pero no logró la respuesta deseada.
Se trata de Víctor Daniel Loyola, quien antes de que asumiera Alfredo Cornejo como gobernador era el titular de la Distrital de Seguridad Cinco -Maipú, Luján de Cuyo y Corredor Internacional-. Este uniformado fue investigado en dos procesos a cargo de la IGS que determinó su baja obligatoria, una medida similar a la cesantía, según explicó en su momento el titular del organismo Marcelo Puertas.
En ese momento, su abogado defensor, Carlos Reig, opinó que el proceso era nulo y anticipó que apelarían en las instancias administrativas y judiciales correspondientes. Así fue que interpusieron una acción de amparo en el Juzgado Civil 12.
Loyola, a través de su representante legal, pidió que se declare nula la resolución del Ministerio de Seguridad que dispuso la baja ya que vulnera su garantía de defensa en un juicio y el principio de inocencia "al privarlo de conocer acabadamente cuál es el hecho que se la tribuye".
Desde el poder Ejecutivo contestaron que no se explica el carácter arbitrario o la ilegitimidad de la investigación administrativa para habilitar la vía judicial.
El caso cayó en manos del juez civil Oscar Vázquez, quien rechazó la acción de amparo promovida por Loyola. El magistrado entendió que justamente no se puede dilucidar la ilegalidad o arbitrariedad de la medida, elementos necesarios para que prospere ese recurso judicial.
El juez agregó que el comisario debería continuar apelando en la parte administrativa y en esa instancia conseguir suspender la baja obligatoria. En todo caso, podría presentar una medida cautelar directamente ante la Suprema Corte de Justicia. "El proceso de amparo es siempre un proceso excepcional, incluso si se invocan derechos primarios y fundamentales, y sólo resulta más idóneo que el común si así lo demuestran las circunstancias del caso", concluyó.
Purga policial
La IGS decidió a fines de junio pasado pasar a un grupo de uniformados a pasiva. La pesquisa administrativa avanzó y desde el organismo encargado de investigar a policías y penitenciarios decidieron que los comisarios generales Miguel Mestre, Víctor Loyola, Darío Irrutia y Gustavo Garis deben ser separados de la fuerza, mediante cesantías o bajas obligatorias.
Esto hasta el momento se cumplió sólo con Garis, quien el año pasado era el titular de la Distrital de Seguridad 6 -Las Heras, Guaymallén y Lavalle-. Este hombre de 50 años no sólo tenía en su contra la investigación por el cobro irregular de servicios extraordinarios, sino que su pistola 9 milímetros fue encontrada en un hecho delictivo y él nunca la había denunciado como robada o perdida.
