El perito balístico Antonio Daniel Vitali sigue ampliando su frente de traiciones en el Poder Judicial, donde era un intocable, de suma confianza para los jueces, y su palabra bastaba para dar crédito a las sentencias. El funcionario del Poder Judicial con sumario administrativo por la causa del robo de armas secuestradas en el depósito de Tribunales suma ahora otra acusación por la desaparición de 25 armas de fuego que habían sido incautadas por la Justicia de Concepción del Uruguay. De este modo, a poco de ser llevado a juicio por el escándalo suscitado en 2016, deberá rendir cuentas por la faltante que data de 2012. Además, hay sospechas sobre Vitali en la faltante de armas en otras jurisdicciones de la provincia, pero aún sin evidencias para imputarlo.
Por esta causa será indagado mañana a las 9 en el Juzgado de Transición a cargo de Pablo Zoff. La imputación será por la desaparición de armas que estaban secuestradas en el marco de expedientes tramitados por el entonces juez de Instrucción N° 2 Mariano Martínez.
El magistrado las había enviado bajo exhorto a Paraná para ser peritadas por Vitali. Este hizo el trabajo y envió los informes periciales, pero no las armas. Tiempo después el juez solicitó que se las enviara para su correspondiente decomiso y destrucción, pero el perito argumentó que se las había entregado a un oficial de la Policía para realizar el traslado. Mostró un acta donde estaba firmada por un presunto uniformado del que no se tenía conocimiento. Se lo buscó y se pudo determinar que no existía.
Pero la confianza que se le tenía a Vitali en el ámbito judicial no desataba todavía las sospechas sobre él ante la faltante. Hasta que se ordenó realizar una pericia caligráfica sobre el documento presentado por el perito y la misma arrojó que había sido confeccionada y falsificada de puño y letra por el mismo funcionario judicial.
De esta manera, el perito queda aún más comprometido, y por lo tanto más cerca de la cárcel.
Respecto de la causa por la sustracción de armas de la Sección Depósito -por la cual ya hay tres personas implicadas, entre ellas otro empleado judicial, que acordaron penas de prisión condicional- está pronto a ser elevada a juicio. Resta la etapa de la admisión de pruebas para el debate, donde los jueces que se sienten traicionados por Vitali, lo esperan ansiosos. Aquí también hay una pericia caligráfica que lo compromete: un papel secuestrado en la casa de uno de los condenados tenía una "lista de almacenero" con los nombres y precios de cada arma de fuego, que eran vendidas o alquiladas al ambiente delictivo. Asimismo hay algunas grabaciones de escuchas telefónicas y el registro de decenas de llamadas y mensajes de texto con su súbdito en Tribunales, Maximiliano Bertoni, así como escuchas de este con los clientes que también comprometen a Vitali.
De todos modos, el juicio podría dilatarse un poco más si es que se decide juntar las dos causas para realizar un solo debate.
Según supo UNO, Vitali cree que puede evadir una condena de prisión efectiva, y no aceptó realizar un juicio abreviado debido a que el fiscal Ignacio Aramberry no se baja de los seis años de cárcel. Ahora, con la nueva imputación que conocerá mañana, la expectativa de pena podría ser más alta aún.
Algo que muchos se preguntan es porqué Vitali, con la comodidad de un sueldo de 70.000 pesos, se embarcó en esta empresa delictiva. En los pasillos de Tribunales hacen números y no cierra que sea tanta la ganancia para poner en riesgo sus ingresos y aún más, su libertad. Este podría ser, incluso, uno de los argumentos que piensa esgrimir Vitali en su defensa.
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Aportaron datos y quedaron libres
Tres imputados en la causa por la sustracción y venta de armas del depósito acordaron tres años de prisión condicional a fines de diciembre: Mauro Maximiliano Bertoni, de 35 años, empleado judicial; Mario Alberto López Alonso, de 29 años, y Eduardo Ramón Borgogno, de 45, eran quienes tenían contactos del ambiente delictivo que requerían armas. Se supo que sus confesiones y el aporte de datos fueron claves para incriminar a Vitali.
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Cambió de defensor, ¿y de estrategia?
En el marco de una investigación que reunió suficientes pruebas para acorralarlo judicialmente, el perito Antonio Vitali decidió cambiar de abogado defensor. Le quitó el poder a Marcos Rodríguez Allende y contrató al buffete de abogados de Rubén Pagliotto. Este letrado es quien viene en los últimos años impulsando causas por corrupción en la provincia, y recientemente buscó el juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak. Incluso entre los cuestionamientos a esta magistrada se escuchó el tema del robo de armas incautadas de Tribunales, principalmente por el descontrol del área del Depósito de Efectos Secuestrados.
Ahora el abogado asume la defensa de Vitali, el principal implicado en la banda delictiva que operaba desde dentro de la sede del Poder Judicial. Algunos piensan que la estrategia defensiva podría apuntar ahora a comprometer a Mizawak en el asunto, o buscar con esto un acuerdo de juicio abreviado más benévolo, o solo una representación que defienda su versión de inocencia, pero por el momento son solo suposiciones.
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Detalles de la noticia
- El abogado Rubén Pagliotto asumió la defensa de Vitali, pese a haber cuestionado a Claudia Mizawak por el escándalo. Hay expectativas para conocer su estrategia en la causa.
- 97 es el total de armas incautadas que le incriminan a Vitali haber sustraído en las dos causas, tanto en las que faltaron del Depósito como las de Concepción del Uruguay.
- El exjuez de Instrucción y actual juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Mariano Martínez, había pedido las pericias de 25 armas a Vitali. Como no volvieron, abrió una causa.
