Por José Luis Verderico
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La Justicia y la Policía parecen estar a fojas cero, con el angustiante síndrome de la página en blanco –diríamos en el argot de la prensa gráfica– en el caso de las desapariciones de Johana Chacón (13) y Soledad Olivera (28), vistas por última vez en Lavalle hace 8 y 17 meses, respectivamente.
Tengo para mí esa tremenda certeza después de haber leído que el Ministerio de Seguridad ofrece $20.000 más de recompensa (se suman a los $10.000 ofertados inicialmente) por datos certeros y comprobables que sirvan para dar con el paradero de Olivera, madre de dos niños. Su caso ocurrió antes que el de Johana, pero se conoció gracias a la movida pública por la adolescente.
Mendoza tiene en sus archivos judicial, policial y político un caso que comenzó siendo tanto o más inquietante que las desapariciones de Johana y Soledad. Y que jamás se resolvió. Denunciada en mayo de 1985, se trata de la desaparición de Sergio Antonio López, un estudiante del secundario San Luis Gonzaga, que vivía en Guaymallén.
Cursaba el segundo año en el turno mañana. Salió de su casa con destino a la parada de colectivos, a dos cuadras. Pero nunca llegó a la esquina donde cada mañana tomaba la línea 7. “Le arreglé el nudo de la corbata, le di un beso y se fue. Nunca más volvimos a verlo”, me contó el padre, años después, ya desgastado física, espiritual y emocionalmente por una búsqueda que comenzó en una seccional de Policía, pasó por la Justicia penal y deambuló por viviendas de la Quinta Sección, de Dorrego y hasta por la inhóspita geografía patagónica.
El expediente del caso Sergio López se investigó desde el Segundo Juzgado de Instrucción, cuando estaba a cargo de Felipe Seisdedos, hasta hace poco fiscal de Cámara en lo penal.
Se siguieron diversas pistas: de las creíbles y de las que no tenían pies ni cabeza. Se barajó la posibilidad de que el chico hubiera sido captado por una red de trata de personas con fines sexuales, se lo buscó como víctima del secuestro de una banda integrada por miembros de ex grupos parapoliciales y también se agotó la chance número uno en estos casos: que el joven se hubiera marchado por sus propios medios y decisión personalísima.
El punto es que hasta hoy Sergio López lleva 28 años desaparecido. Como Johana desde hace 8 meses. Como Soledad Olivera desde 2011.
No en todos, pero me animo a asegurar que en varios episodios autoridades policiales y judiciales toman con cierta liviandad la tarea de buscar a personas desaparecidas. Está bien que no se dejen ganar por la desesperación de los padres, esposos, hermanos, amigos, etcétera. Pero de ahí a que todavía no sepamos nada de Johana, Soledad y Sergio López hay un trecho bastante largo. Un abismo.
Cuando hablo de liviandad también hablo de prejuicios. “Quédense tranquilos, la señora se tiene que haber ido de viaje, con algún caballero. No vaya a ser que aparezca justo que nosotros la estamos buscando por ahí”, se ufanaba un ya ex jefe policial cuando en 1999 la prensa mendocina se quemaba los sesos pensando en todas las pistas posibles para entender la súbita desaparición de la enfermera Juana María Páez.
Ni de viaje, ni con ningún caballero, Marita –que sólo vivía para sus gatos, algunos familiares lejanos y su trabajo en el hospital Lencinas– había sido asesinada a golpes, quemada, enterrada y posteriormente despojada de parte de sus ahorros por una enigmática mujer que cumple condena en la cárcel de El Borbollón.
Más allá de los prejuicios y de las liviandades, ojalá que la Policía y la Justicia no fracasen con Johana y Soledad como lo hicieron con Sergio López en los años ‘80.
Más allá de las recompensas y los refuerzos de recompensas, ojalá que las chicas aparezcan sanas y salvas.
Para que la Justicia y la Policía sigan siendo confiables. Como debe ser.