La magistrada, quien actualmente se encuentra suspendida en sus funciones, fue filmada hace más de un año cuando se apoderaba de un teléfono en un negocio de ese centro comercial en Godoy Cruz.
Elevan a juicio la causa a la fiscal acusada de robar un celular en Palmares
La causa por la que se acusa a la fiscal penal de Menores Valeria Ponce de haberse robado un celular será elevada a juicio en los próximos días. La magistrada, quien actualmente se encuentra suspendida en sus funciones, fue filmada hace más de un año cuando se apoderaba de un teléfono en un negocio de Palmares Open Mall, en Godoy Cruz.
De llegar a juicio y ser condenada (podría recibir hasta dos años de pena), debería ser destituida de su cargo.
El resonante caso tomó estado público a fines de febrero del año pasado, cuando el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay creyó haber reunido las suficientes pruebas como para solicitar el Jury que le quitara los fueros a Ponce.
A esa altura, Garay ya había observado y analizado la filmación aportada por los dueños de un local de venta de zapatos de ese shopping, en la que se la vería a Ponce en el momento en que se apodera de un celular que otra mujer había dejado en el mostrador.
Esa prueba fue la que aportaron los denunciantes a fines de diciembre de 2010, cuando iniciaron la causa en una oficina fiscal de Godoy Cruz, sin saber que quien había sido tomada por la cámara de seguridad del local no era otra que la fiscal penal de Menores.
Con ese video, más las testimoniales de las empleadas del negocio y la misma declaración de la fiscal, quien presentó un escrito en el que habría señalado que tomó el celular del mostrador creyendo que era el de su hija y que luego, al constatar que no era, se presentó a entregarlo, el fiscal Garay ya tendría las pruebas necesarias para pedir la elevación a juicio.
Si bien al ser consultado el fiscal se negó a brindar detalles de su resolución, extraoficialmente trascendió que podría solicitar la elevación a juicio entre hoy y el martes, después del feriado por el bicentenario de la primera jura de la bandera argentina.
Una vez que esto suceda, el defensor de la fiscal, Oscar Dimas Agüero, podrá rechazar o no la medida. De hacerlo, será el juez de Garantías quien dirima si le da la razón al fiscal Garay o a la defensa y, de no conformar a alguna de las partes, se podría llegar a una Cámara de Apelaciones.
En cambio, si la defensa no se opone, Ponce llegaría a un juicio que deberá realizar un juez correccional, ya que el delito del que se la acusa es de esa índole y tiene una pena máxima menor a tres años.
Hasta tanto esto suceda, la fiscal está suspendida y el Jury de Enjuiciamiento está atento a las derivaciones de la investigación penal de la causa y de ellas dependerá si se decide su destitución.
