Martes, 7 de febrero de 2017

El accionar dispar de la Justicia ante casos de abuso sexual

En medio de la polémica por la libertad de los rugbiers señalados por violar a una joven, los representantes del Ministerio Público Fiscal han actuado de distintas formas en delitos contra la integridad sexual.

El caso de los rugbiers acusados de abusar sexualmente a una joven en una fiesta privada realizada en Chacras de Coria en diciembre pasado no deja de producir esquirlas. Una de ellas desembocó en una marcha en la tarde de este martes reclamando el trato desigual de la Justicia contra los imputados, quienes no quedaron tras las rejas.

Tanto el procurador Alejandro Gullé como el fiscal del caso, Hernán Ríos, debieron dar explicaciones públicas tras dejar en libertad luego de imputar a 6 de los sospechosos por abuso sexual con acceso carnal y al mánager del equipo de la Unión Rugby de Cuyo (URC) por abuso simple. Palabras más palabras menos, la excusa oficial fue que las pruebas todavía no alcanzan el grado de convicción suficiente.

Los manifestantes aseguraron que el trato es desigual porque los sindicados son gente acomodada económicamente y hasta con poder de influencia, ya que uno de ellos es hijo del diputado de Cambiemos, César Biffi. Para analizar esto es necesario repasar el accionar judicial en los casos más resonantes de abuso en la provincia.

Caso similar

El expediente contra los rugbiers que se inició en los últimos días de diciembre pasado tiene características similares con un hecho ocurrido el 9 de febrero de 2015. Esa madrugada, un grupo de jóvenes estableció contacto con tres chicas en un boliche de Ciudad y las invitaron a una after en una casa en Las Heras.

Según relató una de las chicas, de 19 años, fue tomada por la fuerza por uno de los muchachos y junto a la ayuda de otros dos la sometieron sexualmente en una de las habitaciones. Otros dos hombres distraían a sus amigas en otro sector de la propiedad.

De estos cinco detenidos, dos de ellos son hijos de un empresario petrolero. Todos fueron atrapados tras múltiples allanamientos que realizó personal de la División de Delitos contra la Integridad Sexual el 23 de octubre de ese año. El fiscal de Las Heras Darío Nora los imputó con distintos grados de participación en el hecho, pero ninguno de ellos pisó jamás alguna penitenciaría provincial.

Algunos estuvieron alojados un tiempo en las celdas de la Comisaría 36, otros quedaron en prisión domiciliaria y algunos recuperaron su libertad. La causa está por ser elevada a juicio y dos de los jóvenes están muy complicados ya que se hallaron rastros de su semen en el cuerpo y ropa de la víctima. Sin embargo, todo parece indicar que llegará al proceso oral en prisión domiciliaria.

Distinta vara

Todo lo contrario ocurrió con la investigación que salió a la luz el 28 de septiembre pasado, cuando dos efectivos policiales y uno retirado fueron detenidos por orden del entonces fiscal de Las Heras Fernando Giunta -hoy en la recientemente creada Unidad Fiscal de Violencia de Género-.

El caso es difícil de probar. La víctima denunció que los abusos los sufrió hace 10 años en el cuartel de Caballería y producto de esas relaciones tuvo un hijo. Con esta declaración, la de un testigo que entonces era pareja de la víctima y las planillas de guardia de esa dependencia policial el magistrado ordenó la detención de los acusados e incluso logró que les dieron la prisión preventiva. Desde entonces, quedaron privados de su libertad en el mismo lugar donde ejercían su profesión.

Otro caso reciente y que denota el dispar accionar de la Justicia es el de una menor de 10 años que habría sido vejada por su padrastro, bajo el consentimiento de su madre biológica. El hecho ocurrió en el barrio Néstor Kirchner, ubicado en La Favorita.

La fiscal departamental María de las Mercedes Moya -hoy en Flagrancia- ordenó la detención de ambos sospechosos. La mujer recuperó su libertad días después ya que fue imputada por encubrimiento -de 1 a 6 años de prisión-, pero el hombre quedó tras las rejas bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, pese a que se demoró varias semanas en tomarle declaración a la víctima debido a la feria judicial.

Como último ejemplo se puede tomar un aberrante hecho ocurrido en Dorrego en mayo del año pasado. Una menor de 14 años manifestó que descendió del colectivo y fue atacada por un hombre que la amenazó con un arma de fuego y la violó.

El sospechoso estuvo prófugo durante varias semanas pero fue capturado y en los primeros días de junio recibió la imputación de abuso sexual agravado con acceso carnal y por el uso de arma de fuego. El fiscal de Guaymallén Tomás Guevara lo envió a la penitenciaría en forma inmediata, pese a no tener en sus manos pruebas vitales tales como la rueda de reconocimiento y el cotejo de ADN -el cual tiempo después terminó confirmando su autoría-.

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