Por segundo año consecutivo, el Gobierno argentino trabaja con un presupuesto prorrogado, lo que le otorga un margen extraordinario para modificar, reasignar o recortar partidas sin pasar por el Congreso.
Presupuesto y superavit fical.
Entre 2023 -último año en que el Congreso aprobó una Ley de Presupuesto- y 2025, el presupuesto total de la Argentina muestra una caída real del 26.5%.
Sin embargo, no todas las áreas se ven afectadas por igual: mientras se ajustan partidas vinculadas a la salud, la educación y el ambiente, otras aumentan su presupuesto. Esta información surge de los datos del Monitor Ambiental del Presupuesto de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El objetivo de alcanzar superávit financiero se mantuvo como una prioridad central de la política económica del gobierno de La Libertad Avanza. "El superávit fiscal no se negocia", advirtió en reiteradas oportunidades el presidente Javier Milei. Sin embargo, los recortes se concentran en sectores clave para el bienestar social y ambiental, mientras otras áreas, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reciben aumentos significativos.
En 2025, la SIDE cuenta con un presupuesto de $80.873 millones, 19.2% mayor en términos reales a aquel ejecutado en 2023. Es el valor más alto registrado en los últimos cinco años.
Durante los primeros seis meses de 2025, el Estado acumuló un superávit financiero de $3.095.086 millones. Este resultado positivo, sin embargo, se explica en gran parte por la subejecución del gasto en áreas sensibles.
Si se utilizara el 88.6% de ese superávit ($2.742.389 millones), se podrían evitar recortes en partidas críticas sin comprometer el equilibrio fiscal. Aún así, el Estado mantendría un superávit de $352.697 millones.
Una por una, las partidas ambientales con recortes presupuestarios (comparación entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo en 2023)
El superávit fiscal, presentado como uno de los principales logros de la actual gestión, se sostiene en gran medida sobre la base de la subejecución presupuestaria. Lejos de representar una eficiencia del gasto público, esta estrategia implica dejar sin ejecutar recursos que tienen la función de garantizar derechos fundamentales. Las caídas expuestas en las partidas ambientales tienen graves consecuencias en términos de la calidad de vida de la población y repercusiones en la salud.