Si bien Mendoza ya tiene su ley desde el 2020, adherir a la norma aprobada por el Congreso significará ampliar el alcance de los beneficios y la posibilidad de recibir asistencia económica nacional. El autor del proyecto fue el senador Marcelo Rubio
-
- Potasio Río Colorado, Cerro Amarillo y Hierro Indio son tres proyectos que ya están en marcha. Según el candidato a gobernador Omar Parisi, la mina de cobre y oro en Uspallata también tiene planes para diciembre
- Unos 750 mil estudiantes de todo el país participarán de las evaluaciones del Ministerio de Educación nacional. El dato destacado es que también habrá un formulario para las maestras, directivos y preguntas complementarias para los alumnos
- Los desembolsos de la Nación que van a parar a un fideicomiso finalizan en octubre del 2024. A partir de entonces Mendoza podrá evitar la obligación de destinar los fondos a Portezuelo "u otras obras hídricas"
- Gabriela Azzoni, especialista de análisis del discurso político, catalogó al "debate" de candidatos a gobernador como una "exposición de ideas de las que no se puede discutir su viabilidad"
- La Suprema Corte de Justicia dio a conocer el resultado del segundo y último examen de ingreso al Poder Judicial de Mendoza. Los 100 primeros de los aprobados serán llamados para el psicofísico
- Los candidatos a la gobernación de Mendoza participaron por primera vez del debate obligatorio. Los mendocinos elegirán el domingo 24 de septiembre entre Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Omar Parisi, Mario Vadillo y Lautaro Jiménez
- Después de más de 20 años, Mendoza se embarcó en un proyecto que puede despertar un movimiento económico que emplee a unas 5.000 personas en su pico generando derrame en toda la provincia
- Emilio Guiñazú Fader, gerente de Potasio Río Colorado, aseguró que durante la construcción de la mina se emplearán a unas 1.500 personas de forma directa y en la etapa de producción se necesitarán 500
- Tras el intento de homicidio de un preso a la fiscal Claudia Ríos en plena audiencia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia responsabilizó al Servicio Penitenciario y reclamó la reforma del código de procedimiento penal