"Los trabajadores no van a pagar impuesto a las ", aseguraba Mauricio Macri antes de las elecciones del 2015.
"La revolución productiva" y el "salariazo", prometía en 1989.
Esas fueron solamente algunas de las promesas políticas de campaña que nunca se cumplieron, pero si se llegara a aprobar el proyecto que presentó el mendocino (Partido Intransigente), cada incumplimiento podría llevar un castigo para aquel dirigente que prometió.
Ramón, en uno de sus dos primeras propuestas presentadas en la Cámara Baja de la Nación, presentó un proyecto de ley por el que se pretende castigar al político que incumpla sus promesas con una pena de cuatro a diez años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para ocupar cargos públicos.
Si esto resultara poco, también el castigo incluye una multa que va desde los 250 mil al millón de pesos.
El legislador nacional, en sus fundamentos, aseguró que los "no solo deben rendir cuenta de sus actos, sino también llevar a la práctica, lo que se predica con las palabras frente a la ciudadanía. Por tales motivos, consideramos que el incumplimiento de las promesas electorales, por parte de quienes han llegado a la función pública a través del voto popular, debe ser incorporado en el capítulo IV) Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal Argentino, e incluida como una forma de estafa agravada".