La oposición cuestionó duro el protocolo contra piquetes del Gobierno

Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron duramente el protocolo que implementará el Gobierno para desalojar piquetes, al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos".En ese marco, el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, explicó que el Gobierno busca garantizar tanto el derecho a manifestar como el de transitar libremente. "La Constitución Nacional prevé que los derechos a manifestar y a circular libremente son de igual categoría y uno no tiene porque estar encima del otro. Nosotros tenemos que garantizar ambos derechos. No es fácil, porque en los últimos años se ha naturalizado una determinada situación", afirmó Milman. Según detalló, "se llevará adelante este protocolo por parte del gobierno nacional, y que después cada jurisdicción provincial pueda adaptarlo de acuerdo a su propia realidad". "Tenemos que poder encontrar un punto medio donde ambos derechos se puedan armonizar como ocurre en cualquier país del mundo", añadió el funcionario. En tanto, el diputado porteño del socialismo Roy Cortina criticó la medida y consideró que "solo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos". "Está lejos de promover la voluntad de diálogo y de menor confrontación que expresó el triunfo de Mauricio Macri", sostuvo el legislador, que también advirtió que "es grave que una ministra, en vez de ofrecer soluciones, califique como extorsionadores a personas en situación de vulnerabilidad que reclaman por la vigencia de sus derechos". La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda expresó su preocupación por la medida y afirmó que "pone en riesgo la paz social" y la posibilidad de "resolver los reclamos de los ciudadanos a través del diálogo". "Bajo el argumento falaz de garantizar el derecho de circulación de los ciudadanos, este protocolo apunta a amedrentar y esconder los justos reclamos de miles de argentinos", subrayó en un comunicado. A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que "es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización"."El único objetivo es blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería", denunció la legisladora en un comunicado.Incluso, junto a su par Nicolás del Caño presentará en el Congreso un proyecto de resolución donde se plantea "rechazar y repudiar enérgicamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación", que -advirtió- constituye "un cercenamiento y regimentación del derecho a la protesta, un avance de las atribuciones a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y hasta juzgar en forma sumaria a las personas por sobre cualquier decisión judicial". "Esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto 'antipiquetes', pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores, como los de Lear. Macri y Bullrich vuelven a la carga, pero sepan que no vamos a permitir que avasallen derechos elementales del pueblo trabajador", indicó Del Caño. En tanto, los dirigentes de Unidad Popular Claudio Lozano y Víctor De Gennaro se quejaron porque el protocolo "amplía peligrosamente las facultades policiales para reprimir, no prohíbe el uso de armas de fuego ni establece la obligación de usar uniforme para los efectivos". "En una decisión que se inscribe en la línea de criminalización de la protesta, el Gobierno ha decidido impulsar un protocolo para evitar los cortes que asocia el ´orden público´ prioritariamente al derecho a circular. Resulta inaceptable desde una perspectiva democrática, que el derecho a circular subordine el legítimo derecho a protestar frente a decisiones que afectan el derecho a la libertad, el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, etc", agregaron. También el referente del MST Alejandro Bodart afirmó que se trata de "un engendro represivo inconstitucional del gobierno macrista para imponer su ajuste contra el pueblo, con la complicidad del grueso de gobernadores del PJ". "Violan los derechos básicos a reunirse, manifestar y peticionar a las autoridades, justo cuando crece la resistencia a los despidos, la inflación y los tarifazos. Además no se abre ninguna 'negociación', ya que la única respuesta será el desalojo inmediato bajo amenaza de palos y detenciones. Ante el reclamo social, el 'dialoguismo' que pregonaba Mauricio Macri dura sólo cinco minutos", apuntó. El secretario general de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, también mostró reparos sobre la medida, al advertir que las medidas de fuerza de este tipo buscan que "atiendan las demandas de los trabajadores", por lo que remarcó: "El asunto es que no los saquen de la calle y desatiendan sus demandas de los trabajadores. Muchas veces dicen que van a reprimir pero en la práctica no es así".