En Los Ángeles, inmigrantes resisten redadas de Donald Trump y exigen respeto a sus derechos en Estados Unidos
Participantes con pancartas que anunciaban la "paralización comunitaria de 24 horas" programado para este 12 de agosto, en MacArthur Park, Los Ángeles, California en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Carolina Brehman.
“Aquí estamos y no nos vamos” fue el mensaje claro que organizaciones comunitarias, laborales y religiosas de Los Ángeles enviaron al gobierno de Donald Trump, en rechazo a las redadas migratorias que continúan pese a una orden judicial que prohíbe los arrestos indiscriminados, informó EFE.
La respuesta fue contundente: una jornada de paro comunitario con más de media docena de eventos para demostrar que la comunidad no se intimida tras más de dos meses de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Fracasaron en su misión de aterrorizarnos”, afirmó Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), tras relatar cómo agentes migratorios, ocultos en un camión de mudanzas, arrestaron a 16 trabajadores de México, Honduras y Guatemala frente a un centro de jornaleros administrado por su organización.
El operativo se realizó a pesar de la orden temporal de una jueza que impide detener personas sin sospecha razonable y prohíbe basarse únicamente en la raza, idioma o apariencia étnica, así como en el lugar o tipo de trabajo, en siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), advirtió que si el gobierno de Donald Trump sigue violando la Constitución y desobedeciendo al Tribunal, la comunidad está lista para tomar las calles pacíficamente en defensa de sus derechos.
En el Parque MacArthur, a pocas cuadras de una redada conocida como “Operación Caballo de Troya”, Salas reiteró: “Aquí estamos y no nos vamos”.
La resistencia en Los Ángeles llevó a la Casa Blanca a recurrir a la Corte Suprema para que levante las restricciones y permita continuar con las detenciones.
En su solicitud, la administración de Donald Trump argumenta que la orden judicial dificulta la aplicación de las leyes de inmigración y que las detenciones se basan en la presencia ilegal en Estados Unidos, no en el color de piel o etnia.
Los abogados del gobierno sostienen que los agentes pueden tener “sospecha razonable” si una persona habla solo español, viste uniforme de un empleador que contrata indocumentados o frecuenta negocios de inmigrantes sin estatus legal.