El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak, dijo este miércoles que el
gobierno cubano le comunicó que no podría visitar las cárceles de la isla, como se había convenido
el año pasado.
Las autoridades cubanas nunca han permitido la entrada de observadores independientes a las
cárceles de la isla, por lo que la invitación de 2009 para que se efectuara una misión de
investigación había sido considerada un gran avance, según nuestro corresponsal en La Habana,
Michael Voss.
Después de intentar fijar una fecha que fuera conveniente para ambas partes en repetidas
ocasiones, el relator especial fue informado que no había una fecha disponible para la misión antes
del final de su mandato, el próximo octubre.
Voss señaló que Cuba ha sido objeto de críticas internacionales por el trato que da a los
disidentes presos después de la muerte en febrero de uno de ellos que estaba en huelga de hambre,
Orlando Zapata. Lamento que, a pesar de su invitación, el gobierno de Cuba no me haya
permitido evaluar objetivamente la situación en el país mediante la obtención de información de
primera mano de todas las fuentes disponibles
"Lamento que, a pesar de su invitación, el gobierno de Cuba no me haya permitido evaluar
objetivamente la situación en el país mediante la obtención de información de primera mano de todas
las fuentes disponibles", dijo en una declaración escrita el jurista, que tiene un mandato del
Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra.
Los representantes cubanos en el Consejo respondieron que no necesitan una "valoración
objetiva" de la situación de sus cárceles, pero añadieron que seguirán intentando encontrar una
fecha que convenga a las dos partes.
Después de la muerte de Zapata, el disidente Guillermo Fariñas, inició una huelga de hambre
para pedir la liberación de los prisioneros enfermos.
Aunque el mes pasado La Habana accedió a hospitalizar a los presos más gravemente enfermos
aún no ha efectuado ese traslado, señaló Voss. Al menos tres fueron enviados a cárceles más
cercanas a sus familias.
Las autoridades niegan que existan prisioneros políticos y les llama mercenarios pagados por
Estados Unidos para derrocar el sistema.
