Un hombre en la ciudad de York, en el noreste de Inglaterra, cuyo nombre no pudo trascender por motivos legales, fue exculpado en 2015 durante un nuevo juicio tras haber alegado que la supuesta víctima de violación había dado su consentimiento de mantener relaciones íntimas con él.
Y se le aplicó una exótica medida judicial que le exige que revele a la policía cualquier actividad sexual que piensa efectuar. De no hacerlo corre el riesgo de enfrentar hasta cinco años de cárcel.
Además establece restricciones en el uso que puede hacer de Internet, teléfonos celulares y exige que informe a la policía acerca de cualquier cambio de residencia.
La orden especifica que "debe revelar los detalles de cualquier mujer incluyendo su nombre, dirección y fecha de nacimiento". En mayo se decidirá si esta orden provisional se convertirá en una decisión permanente, que se aplicaría por un periodo mínimo de dos años pero que podría extenderse indefinidamente.
Las órdenes de riesgo sexual fueron instituidas en Inglaterra y Gales en marzo de 2015 y son medidas de carácter civil impuestas por jueces a solicitud de la policía.
Pueden ser aplicadas a cualquier individuo que, según la policía, represente un riesgo de delito sexual, incluso si nunca ha sido condenado por un crimen.