ver más

La decisión del Consejo de la Magistratura de flexibilizar los exámenes para ser jueces y fiscales es una pésima señal. Repite un error de la educación.

¿Y si probaran con estudiar más?

Por Jaime Correasjcorreas@arlink.net.ar

La revolución negativa de la educación conseguida a través de la demolición sistemática de la autoridad y la exigencia llegó también a la Justicia mendocina. Como el 90% de los aspirantes a cargos principales, de jueces, fiscales y defensores oficiales, desaprueba el examen de ingreso, se ha tomado la insana decisión –muy a tono con los tiempos que corren– de cambiar los exámenes. Es obvio que no para hacerlos más difíciles y mejorar la calidad de los que ingresen, sino para “flexibilizarlos”. Es decir, para hacer pasar gato por liebre.

En vez de mandar a los aspirantes que fallan a estudiar más, que es donde reside sin dudas el núcleo del problema, se toman medidas para facilitar los requerimientos para ingresar a tan importantes cargos.

Esto ya se hizo en el sistema educativo, con ruinosos resultados.

Imaginemos que la educación y el ingreso a la Justicia fueran una prueba de salto en alto en la cual los protagonistas deben alcanzar una determinada altura y como nadie llega a esa meta, lo que se hace es bajar la medida. Pero lo peor y sintomático es que se baja la varilla a superar pero se le otorga el mismo valor que si estuviera a la altura original. Es así como para saltar 1,50m se acepta que sólo se supere 1,40m. Pasado el tiempo, como tampoco los aspirantes consiguen la nueva medida, se la baja aún más y, cuando se quiere acordar, para saltar 1,50m basta con estirarse a 1m.

Es lo que ha sucedido en la educación y lo que ocurrirá con la Justicia.

Mientras hay un grupo que estudia y llega a los contenidos porque se esfuerza y aprende, al bajar las exigencias se consigue el efecto paradojal en cascada de que los resultados cada vez sean peores. Es esa tentación de autoengañarse y creer que se sabe lo que no se sabe, a fin de aprobar un formalismo que no refleja la realidad tal cual es.

Hoy nadie se hace cargo de lo mal que va la educación y se echa la culpa a miles de factores, pero casi nadie dice que esa pérdida de la exigencia como meta y la demolición de la autoridad docente son los reales males que han envenenado el aprendizaje de cientos de miles de jóvenes argentinos. Y que la decadencia educativa ha ido al ritmo de esas medidas de “flexibilización”, encubiertas en estrategias para mejorar el sistema. La realidad es tan contundente, que no vale la pena cansar con ejemplos.

Es lamentable que, si hay un 10% que sí aprueba el examen para ser juez y fiscal, se actúe por la queja del 90%, que debería irse a estudiar y no pedir que le bajen la varilla que debe sobrepasar para integrar la Justicia en los principales cargos.

Porque es posible que haya alguien en el sistema evaluador que falle o sea malo evaluando; lo que no es creíble es que todos los responsables de esa tarea estén complotados contra los pobres aspirantes. No se puede aceptar que todo el sistema es malo, pues lo integran demasiadas personas.

Por desgracia es muy obvio, para quien lo quiera ver, que la Justicia está siendo víctima de la pésima experiencia que está profundizándose día a día en la educación, donde son pocos los que se preguntan cómo hacer para mejorar, mientras casi todos los responsables se abocan a elaborar estrategias para ocultar el fracaso educativo. Éste consiste en alumnos que no llegan a adquirir los conocimientos y las destrezas para los que concurren a la escuela. De aspirar a pensar, ni hablar.

Hace tiempo que algún abogado de altísimo nivel técnico e intelectual que luce canas viene comentando que cada vez tiene más miedo cuando litiga porque no sabe con qué le van a salir los jueces. Su argumento es que, en otros tiempos, quienes ocupaban esos sillones eran gente capacitada y experimentada, con un conocimiento adecuado del derecho como para hacer de la Justicia un sistema previsible con rangos razonables de calidad en las sentencias. Esto, merced a un acorde conocimiento jurídico.

Al parecer no es lo que prima hoy, cuando más de un abogado experimentado no sólo fundamenta todo lo que debe, sino que también agrega el “ayudamemoria” de dónde hay que ir a consultar en los libros para intentar que el magistrado de turno no le salga con alguna creatividad jurídica que lo deje con las ruedas para arriba.

Si a ese vaso con leche que ya tiene algo de agua se le sigue agregando líquido de la canilla, lo que se obtiene es una leche cada vez más aguada. Si a una Justicia que ya no es un dechado de virtudes –con todas las excepciones del caso, para que no se ofendan los buenos jueces y fiscales– se le agrega la gracia de flexibilizar los rigores para ocupar los cargos más altos, la consecuencia no puede ser distinta a una mayor decadencia judicial.

El Consejo de la Magistratura, más que estas decisiones demagógicas que ha tomado, lo que debe hacer es evaluar a los evaluadores. Actualizar esa vieja pregunta de un periodista mendocino: “¿Quién evalúa a los evaluadores”?

Y, si comprobara que están en lo cierto cuando dicen que la verdad es que los candidatos están muy mal preparados para la función a la que aspiran, debería apoyarlos con toda la fortaleza para continuar con su tarea. Así no habría repetido el error ya cometido por la escuela, que para justificar a los alumnos que no ponen todo lo que tienen que poner y a los padres quejosos, que tampoco hacen lo que deberían hacer, fue contra los docentes. Con ese error sólo consiguió minar la autoridad del que enseña y nunca logró mejorar la calidad educativa. ¿Cuántos ejemplos más se necesitan para no seguir perpetrando las mismas tonterías que ya han mostrado nefastos resultados?

Una vez comprobada la calidad de evaluadores y evaluaciones para el objetivo buscado, que es tener buenos jueces y no hacerle el caldo gordo a quien quiere ser magistrado aunque no esté capacitado, se tendría que haber afirmado con contundencia la autoridad de quienes tienen la difícil tarea de analizar quién está en condiciones nada menos que para impartir justicia. Con lo hecho sólo se ha agredido la autoridad una vez más y se le ha dado una pésima señal al 10% de los que aprobaron. El mensaje es: “No te esfuerces demasiado, no vale la pena, si después va a venir alguien con autoridad que, con tal de no enfrentar los problemas, va a bajar la altura de la meta que hay que superar para demostrar que se tiene la capacidad suficiente para disponer sobre vida y hacienda de los ciudadanos”.

Algo que no debería pasarse por alto es que la sociedad se ha anestesiado y naturalmente se pone del lado del que reclama menos rigor, cuando –si lo pensara un poco– tendría que ser al revés. Cada uno debería aspirar a que los jueces sean los mejores candidatos posibles. La única manera de lograrlo es con una severa selección. Y eso no se consigue con menos exigencias, sino todo lo contrario: elevando la vara que se debe saltar.

MÁS LEÍDAS