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A los 15 días de que le entregaran la vivienda, un adjudicatario realizó la operación comercial prohibida por el organismo y la perdió, ahora se la darán a otra familia que está en lista de espera.

Vendió su casa del IPV en San Martín y se la quitaron

Vendió su casa del IPV en San Martín y se la quitaron

Enrique Pfaabpfaab.enrique@diariouno.net.ar

Un negocio redondo. Invirtió $6.000 en un terreno, esperó a que el IPV le construyera la casa y a los 15 días de que se la entregaran, la vendió en $50.000. La maniobra generó la indignación de quienes están en lista de espera para acceder a una vivienda.
“Hay una larga lista de familias, incluidas personas con discapacidad, trasplantados y familias en alto riesgo que están esperando una casa”, dijeron desde la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de San Martín y aseguraron haber confirmado la maniobra y denunciado la irregularidad al Instituto Provincial de la Vivienda. En tanto desde el IPV sostuvieron que el proceso administrativo de desadjudicación y desalojo ya está completo y que sólo esperan que la Comuna les informe quién será el nuevo adjudicatario. “No podemos correr el riesgo de desalojar y que luego la casa sea usurpada”, dijeron. Hace casi ocho años unas 130 familias se anotaron para acceder a una de las viviendas del futuro II barrio José Hernández, de Palmira. Para acceder, cada uno de los aspirantes debió pagar $6.000 por el lote. El 3 de mayo, después de una paciente espera, fueron entregadas las primeras 42 casas y 15 días después –pese a estar explícitamente prohibido en el contrato de adjudicación–, una de las viviendas fue vendida por el beneficiario en $50 mil, aunque todavía no había pagado ni la primera cuota. “Para hacer la transacción hicieron un boleto de compra venta, cuyas firmas fueron certificadas por una escribana”, confirmó ayer Beatriz Cifuentes, la asistente social del IPV que trabaja en la zona. La maniobra fue detectada por la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de San Martín y se remitió al área de Desadjudicaciones del IPV que emplazó a los adjudicatarios a ocupar la vivienda en un plazo de 10 días bajo apercibimiento de desadjudicación. Cumplido el plazo y no regularizada, se desadjudica y se recurrirá a la vía judicial para el lanzamiento (desalojo) de cualquier ocupante”. Ayer la misma abogada indicó que el proceso administrativo ya se ha cumplido y que se espera que la Municipalidad informe quién corresponde que sea el nuevo adjudicatario. “No podemos desadjudicar y desalojar si no está claro esto, ya que se corre el riesgo de que la casa sea usurpada”, indicó la funcionaria. Ya hay un listado de 10 familias que tenían prioridad para acceder a estas casas. “Son familias con algún integrante con discapacidad, con algún trasplantado o que están en riesgo social” y recordó que en 2008 el IPV logró un fallo plenario que lo faculta para recuperar estas casas y redefinir a quiénes entregarlas. El mismo intendente de San Martín, Jorge Giménez, indicó: “Estas casas no son para hacer negocio”. El Contrato Administrativo de Adjudicación y Entrega de Posesión que firmó cada uno de los beneficiarios de estas viviendas y el titular del IPV, Omar Parisi, dice expresamente: “Con el inmueble no podrá efectuarse ningún tipo de transacción o acto de disposición sobre el mismo (alquiler, venta, sesión) sin la previa autorización del Instituto”. Ilícitos La venta de esta casa de Palmira generó un fenómeno curioso y preocupante. Varias personas les ofrecieron a algunos vecinos comprar sus casas recién adjudicadas como si se tratara de un barrio construido y financiado por una compañía privada y no por el Estado. “Situaciones como estas se denuncian diariamente en toda la provincia y se procede conforme lo expuesto”, dijo la asesora legal del IPV, al referirse a la venta o el alquiler de casas entregadas del Instituto y su posterior  desalojo. En abril de 2010 fue desalojada una pareja y sus dos hijos, de 3 y 6 años, que habían alquilado una casa del barrio Nueva Argentina. Pese a que el hombre tenía una discapacidad auditiva y escasos ingresos, el IPV interpretó que había vulnerado el sistema y el orden de espera.

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