Horacio Luna, Silvina Panella y Mauricio Stoisa están procesados por el delito de estafa en grado de tentativa contra un vivero, al que habían amenazado demandar después de reclutar a 222 trabajadores falsos.

Una pericia complicó la situación de los abogados involucrados en la "industria del juicio" en el Este

Por UNO

SAN MARTÍN – El resultado de una pericia complicó aún más la situación procesal de los abogadosHoracio Luna, Silvina Panella y Mauricio Stoisa, procesados por el delito de estafa en grado de

tentativa supuestamente cometido contra una empresa del Este, a la que habían amenazado demandar

después de reclutar a 222 trabajadores falsos. Entre tanto el juzgado que instruye la causa decidió

retirar la acusación contra 3 de estos falsos obreros, entendiendo que sus testimonios

contribuyeron al esclarecimiento del hecho.

La conjueza Alejandra Alonso, quien por estos días preside el Segundo Juzgado de Instrucción,

de San Martín, recibió la semana pasada el resultado de una pericia solicitada al ingeniero

agrónomo Carmelo Randazzari. En este informe el experto determinó, después de analizar la

superficie del Vivero Las Delicias y su producción de nuevas plantas de vides y frutales, que para

realizar los trabajos en el lugar son necesarios 10 obreros permanentes y 70 temporarios y que, por

consiguiente, es imposible que en el vivero hayan podido trabajar más de 200, tal como figuraba en

la lluvia de demandas que habían partido en enero de 2009 de los estudios jurídicos Luna / Panella

y Stoisa.

Además se certificó que los períodos de trabajo reclamados no coinciden con las necesidades

de la empresa.

Hoy los procesamientos de las causas 173.205 y 173.316 se encuentran en apelación en la

Corte. En ellas están imputados los tres abogados mencionados y Javier Fornés, empleado del estudio

Luna / Panella.

Horacio Luna se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, mientras que sus otros tres

consortes de causa gozan de libertad bajo caución real.

Por estos días una fuente judicial estimaba que la Corte consideraría insuficientes los

argumentos de los procesamientos y dispondría que, sin modificar la situación de los imputados, el

Juzgado amplía los considerandos.