Una ONG había advertido sobre las irregularidades en la firma Stewart

Así lo confirmaron tras analizar detenidamente las denuncias que ahora investigan la Fiscalía de Estado y la Justicia federal.

El escrito, presentado el 7 de abril pasado, hacía una serie de observaciones sobre el procedimiento administrativo, las sanciones por las infracciones cometidas y también la posible comisión de delitos. Justamente para dirimir cada tema, el dictamen fue dividido en tres partes. En lo administrativo, Oikos sostiene que la empresa no inscribió el predio de Rodríguez Peña 1356 argumentando que la Ley Nº24051 ni la Ley Provincial Nº5917/93 encuadran la actividad del acopio.

En realidad, si bien esto es cierto parcialmente, otro cuerpo de normas industriales así lo especifican, y la empresa debió conocer que la actividad reconocida (almacenamiento) de residuos tóxicos están sujetos a la inscripción en el registro correspondiente.

Pero además, en el momento de renovar los certificados ambientales anuales para continuar trabajando, Alex Stewart debía informar sobre las modificaciones en el proceso, ya sea por el cambio de instalaciones o uso de sustancias a la autoridad de aplicación, en este caso a la Dirección de Protección Ambiental, cosa que no hizo.

Y tampoco se ve con claridad que la DPA o la Municipalidad de Maipú hayan realizado algún tipo de inspecciones previas al incendio de octubre del 2012 como para verificar este tipo de situaciones.

De hecho, Luis Novillo, director general de la intendencia que conduce Alejandro Bermejo, dijo a Diario UNO que “desconocía que la empresa trabaje en el predio de Rodríguez Peña 1356 y que tampoco había sido informado por la empresa al respecto. De comprobarse que trabajó sin habilitación, se le pedirá a la empresa que se ponga en regla y si no lo hace se los multará”.

Con relación a las inspecciones ambientales, la DPA debió al menos revisar el libro de registros de todos los movimientos de los residuos tóxicos, desde su generación hasta el transporte para su deposición final, dato que no aparece consignado en ninguno de los procedimientos realizados por el órgano estatal. Este punto es importante, porque con esta base se puede conocer si la empresa hacía o no los envíos a la empresa donde quedan guardados estos residuos, en la provincia de Córdoba.

El siguiente cuestionamiento está referido a las fechas en que se hicieron las inspecciones de rutina. La empresa sostiene que el Gobierno ya sabía de sus actividades en ambos predios desde 2009. Sin embargo, desde la misma DPA su titular, Gonzalo Dávila, se limitó a defender sus actuaciones desde el año 2013.

“Yo tengo la tranquilidad de que todo lo realizado desde ese momento hasta ahora está bien hecho”. De todos modos, reconoció que Daniel Marchiori es inspector de su dependencia y que en su opinión no existe incompatibilidad alguna por sus labores en Alex Stewart, porque él “trabaja mediodía acá y luego puede trabajar en otra empresa si quiere. Además, él me comunicó que trabajaba para esta empresa cuando llegó la denuncia y yo lo aparté de las inspecciones”,indicó.

Ahora, Dávila también explicó que la empresa no declaró el predio donde sucedió el incendio, al momento de hacer la renovación de la certificación anual, pero a diferencia de Oikos, para quienes eso sería motivo suficiente para suspender las actividades, para el titular de la DPA “sólo debían recibir las multas que fueron impuestas el 14 de agosto pasado, una por utilizar el predio sin habilitación y otra por almacenar de forma inadecuada residuos tóxicos, tenga o no contaminación”.

Hasta ahora las autoridades han sido “un tanto blandas”Al referirse a las penalidades impuestas hasta ahora a la empresa Alex Stewart, de Maipú, la ONG ambientalista Oikos indicó que, en su opinión, fueron un tanto “blandos” porque esa firma privada no sólo no fue precavida a la hora de manejar sus residuos, es decir los insumos peligrosos, sino que utilizó un lugar no habilitado.

Además, según Oikos, la firma empezó el proceso de evaluación y remediación antes que la Dirección de Protección Ambiental (DPA) “evaluara con mayor claridad lo sucedido y le indicara el procedimiento” para contener dicha contaminación.

La Fiscalía de Estado fue quien impulsó esta pesquisa.