Por Cecilia Osorio
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Como ya lo habían notado referentes sociales y políticos consultados hace un par de semanas, cuando la medida comenzó a circular, el cierre de prostíbulos debe ir más allá.
Rubén Cuello, director del Programa Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, dijo que siempre y cuando se aborde de manera integral la medida va a resultar positiva: "De lo contrario puede generar circuitos paralelos", señaló refiriéndose a la posibilidad de que quienes se dedican a esta actividad en la Ciudad, se trasladen a departamentos cercanos (Guaymallén y Las Heras, por ejemplo) para seguir prestando sus servicios.
Luego el funcionario recalcó que "la prostitución en sí no es un delito sino todas las acciones que se desarrollan en torno de ella como la explotación sexual y la trata de personas", entendiendo que en esta problemática no sólo los vecinos testigos son víctimas. Hay mujeres (y hombres) en situación de vulnerabilidad cuyos derechos humanos fundamentales están en juego, por eso apostamos a que no se los criminalice, como lo hace el Código de Faltas (en su artículo 54 y 54 bis) que los castiga".
"Con el desmantelamiento de los cabarets, whiskerías y establecimientos que con otros tipos de nomenclaturas se dedican básicamente a lo mismo, deben generarse mecanismos para restituir los derechos de las víctimas con herramientas legales y económicas, para que puedan acceder a otra opción de vida", remarcó luego.
Por último, Cuello opinó que el "prostituyente", es decir quien consume los servicios ofrecidos en esta red ilegal, es responsable y debe tomar conciencia de todo lo que se genera con esa actividad.