Por Carina Luz Pé[email protected]
Despertar la conciencia social y abrir el debate para promocionar este sistema de juicios fueron los objetivos del simulacro. Se trabajó sobre un caso ficticio de asesinato e interactuaron ciudadanos sin conocimientos legales con profesionales de la ma
“Señores del jurado..." Mendoza puso a prueba los juicios por jurado popular en la UC
“Señores del jurado, el 17 de junio pasado, a las 22, Soledad Sanz puso fin a 10 años de matrimonio porque era víctima de violencia, y eso sería algo bueno, algo positivo, si no hubiera elegido el camino equivocado. En este punto seguro que la defensa estará de acuerdo conmigo. Soledad Sanz esperó esa noche a que su marido se durmiera y le disparó tres tiros. En este juicio, lo que vamos a demostrar es que Soledad Sanz debe ser condenada por homicidio agravado por el vínculo porque tuvo la oportunidad de escapar de esa situación y no lo hizo”, dijo el fiscal Guillermo Micora, durante la presentación del caso en un simulacro de juicio por jurado popular, donde doce mendocinos seleccionados entre 200 postulantes voluntarios, pudieron vivenciar cómo sería la implementación de este nuevo método para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona presa por un delito penal grave.
Básicamente la condena es decidida por el jurado popular y el juez técnico impone la pena según la ley. Es decir, hay “dos” jueces que consideran las pruebas, escuchan los testimonios y llegan a una conclusión durante el debate oral, achicando significativamente los tiempos para resolver dudas o impugnaciones de pruebas hasta la hora del veredicto.
A sala llena, en el auditorio de la Universidad de Congreso, la simulación necesitó de un grupo de actores para representar a la acusada, a los testigos y a los peritos de parte. El juez técnico, el fiscal y la defensa de la acusada eran profesionales del derecho penal que en su vida real se desempeñan en esos roles.
Es así como Micora representó al Ministerio Público en la simulación pero es fiscal de Mar del Plata y experto en debates orales; Jonathan Ramírez es abogado penalista y trabajó 9 años en la Defensoría Pública de Chile; como juez técnico actuó José Valerio, que se desempeña en la Segunda Cámara del Crimen y se dedica exclusivamente a llevar adelante juicios orales y públicos.
Los 12 mendocinos que se sumaron a la experiencia tienen distintas profesiones y edades, y todos coincidieron en la necesidad de contar en Mendoza con juicios por jurados populares para que la decisión sobre condenar o liberar a una persona no estuviera sólo en las manos de un juez.
El jurado fue presidido por Alejandro Antón (51), docente y experto en seguridad pública, y estuvo conformado por Roberto Garay (67), jubilado y empresario; Cintia Zacarias (35), licenciada en Sistema de Informática; José Gern (64), bioquímico; Humberto Italiani (64), fabricante de helados; Ana Masmouk (58), licenciada en Enfermería; Alicia Flores (54), ama de casa; María Ortiz (48), odontóloga; Miriam Ogando (48), profesora de informática; Mónica Vilomara (57), ama de casa; Claudio Grosso (32), docente, y Romina Videla (26), estudiante .
Ya abierto el debate, la fiscalía y la defensa llamaron a sus testigos, se presentaron los alegatos, y previo al paso a la deliberación del jurado popular durante 45 minutos, el juez Valerio los instruyó sobre los aspectos que debían tener en cuenta en el momento de considerar las circunstancias del crimen cometido por Sanz. Por ejemplo, que no era necesario saber sobre cuestiones legales o técnicas, sino simplemente que utilizaran el sentido común, ya que la sabiduría popular era válida para dirimir la inocencia o culpabilidad de la acusada. Además les advirtió de que no podían romper el secreto de las deliberaciones.
Los jurados decidieron que no podían llegar a un veredicto porque no fueron suficientes las pruebas presentadas para determinar si Soledad Sanz era culpable del asesinato de su esposo.
Ventajas. En vez de armarse miles de expedientes, de policías dedicados a enviar citaciones y tiempos de esperas de las resoluciones, el juicio por jurado popular puede reducir un proceso penal de 5 años a sólo 1, por la agilización de todos los pasos.
