Por Alejandro [email protected]
El ex juez de la Cámara Federal de Apelaciones Luis Miret negó ayer ante el tribunal que lleva adelante el megajuicio de lesa humanidad, en el que está acusado, de haber sido cómplice de los horrores de la última dictadura militar.
Negó haber estado alguna vez en el centro de torturas policial conocido como D2, a pesar de que hay un sobreviviente que afirma que él lo entrevistó.
Y aseguró que desconocía los hechos de detenciones ilegales, torturas y desapariciones en aquellos años, a pesar de que fue durante toda la dictadura defensor oficial, juez de instrucción (por dos semanas) y miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, máxima autoridad de estos tribunales en Cuyo.
Miret llegó a este juicio oral y público acusado de haber omitido investigar siete desapariciones forzadas, 18 casos de privación ilegítima de la libertad, seis hechos de torturas y tres de robos.
Pero ahora enfrenta una situación mucho más delicada luego de que la fiscalía anticipara que los acusarán a él y al resto de los procesados como coautores de homicidio agravado.
“Incómodo para la dictadura”Durante su declaración, que continuará el lunes que viene, el ex camarista Luis Miret se defendió diciendo que “yo sólo ocupé el cargo de juez federal durante 16 días, en 1976, en remplazo de otro magistrado que había renunciado”.
Tras lo cual remató que “luego de eso me ascendieron como juez de la Cámara Federal. Creo que lo hicieron para sacarme del medio porque era un juez independiente, profesional e incómodo para ellos” (refiriéndose a los militares).
La mueca de incredulidad de los presentes, casi todos familiares de las víctimas de la dictadura o sobrevivientes, no se pudo disimular en la sala.
Es que en una época en donde los disidentes del régimen terminaban tras las rejas, torturados o desaparecidos, el ex juez Miret intentó convencer de que a él los militares se lo sacaron de encima con el mejor ascenso que en ese momento él podía conseguir.
En su larga declaración no dudó en afirmar que la acusación contra él en este juicio es “armada”, “política” y que “el Gobierno nacional a través de la prensa oficial instaló la idea de que Miret y (Otilio) Romano son los peores”.
Se defendió afirmando que en su función aplicó la ley 20.840 de actividades subversivas que fuera sancionada en plena democracia, dos años antes de la última dictadura.
