Según datos extraoficiales, gastaron $4 millones en campaña política por Capital

Organismos públicos de control local, como el Tribunal de Cuentas, y organizaciones

ciudadanas, como FAVIM, admitieron que nuevamente será "muy difícil" auscultar el gasto de quienes

compitieron el pasado 28 de marzo en la Ciudad de Mendoza y que, según estimaciones extraoficiales,

pudieron haber llegado a los $4 millones en conjunto.

En ese sentido, tanto la UCR como el PRO, que llevaban a Rodolfo Suárez y a Orlando Orly

Terranova respectivamente como cabezas de lista, habrían sido los partidos con mayor gasto

electoral con una inversión superior al millón de pesos. Una cifra similar habría sido la gastada

por el justicialismo.

Guillermo Mosso, por su parte, llegó a los $180.000, según datos que el mismo aportó para

llegar al Concejo Deliberante con el Partido Demócrata. Alberto Montbrun, por el Partido

Socialista, fue la sorpresa de la elección al obtener una banca. El ex radical blanqueó un gasto de

$45.000.

La estimación del gasto del oficialismo está muy lejos de lo que el jefe de campaña del

candidato Suárez asegura haber tenido. "En total habremos tenido un gasto de $160.000 más o menos",

aseguró Raúl Levrino.

Uno de los puntos que diluye la posibilidad de establecer fielmente cuánto se destinó a

costear la última campaña reside en que, a pesar de que se trató de una elección comunal, la

rendición de cuentas la deben hacer ante la Cámara Electoral Nacional y en Córdoba.

El otro aspecto que ayuda a esconder los mecanismos de financiamiento de la política tiene

que ver con el cansancio moral de quienes durante años quisieron transparentarlo y fracasaron en el

intento.

Eliana Luna, titular de Familiares Víctimas Indefensas de Mendoza (FAVIM), reconoció con

resignación que en la organización: "Hace por lo menos dos elecciones que abandonamos la idea de

controlar los gastos de la campaña. Ya casi no tenía sentido, porque jamás obtuvimos respuestas de

los partidos".

Enrique Sánchez, director general del Tribunal de Cuentas, fue en el mismo sentido que Luna y

reveló una de las principales trampas de los partidos a la hora de hacer la rendición, que se

realiza a través de un formulario.

"Nosotros controlamos algunos aspectos de la ley vigente, pero no podemos controlar los

gastos. A decir verdad, los partidos nunca ponen con nombre propio quiénes son los aportantes y uno

de los recursos más utilizados, es decir que la plata se consiguió a través de bonos de

contribución", aseguró.

El titular del PRO, Daniel Gaído, explicó que "los fondos de campaña se establecieron a

través de un mix entre Buenos Aires y Mendoza, por lo que es muy difícil establecer un número".

Alejandra Maradona, senadora provincial y jefa de campaña del PJ en Capital, se excusó con un

argumento similar. "Yo tengo una listita que la estoy armando para hacer la rendición, pero es muy

casera", dijo ante la consulta de Diario UNO.

Los papeles van a Córdoba

En caso de una elección local, la legislación para la rendición de cuentas de las campañas

electorales está regulada por la ley de Regulamiento de Financiamiento de Campañas Electorales

(N°7.005). Esa norma, sancionada en 2002 para ponerle oído al "que se vayan todos", estableció en

su artículo 7 que sólo se puede gastar $0,20 por empadronado para promoción.

Desde el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de controlar el cumplimiento de esta

normativa, reclaman la modificación de esta ley.

Sánchez relató cómo se terminó haciendo una consulta a la Justicia Nacional Electoral para

que determinara si la del 28 de marzo, cuando se eligieron concejales, se trataba de una elección

provincial o una nacional. La respuesta fue que se trataba de comicios nacionales, por tratarse en

realidad de un desprendimiento de los del 28 de junio de 2009.

De esta manera, sin controles locales, los partidos quedaron bajo el amparo de la ley

nacional de Financiamiento de los Partidos Políticos (N°25.600), por lo que, según establece la

reglamentación, la rendición, según el Tribunal de Cuentas, se debe hacer ante el distrito Córdoba

de la Cámara Nacional Electoral.

Para cumplir con esta obligación, los partidos tienen 90 días, a partir del día de la

elección para presentar un simple formulario.

"A nosotros nos cuesta mucho controlar y la verdad es que se debería impulsar una

modificación de la ley N°7.005. De otra manera, a pesar de que hemos aplicado sanciones, se hace

muy difícil nuestra tarea", se quejó el director del Tribunal de Cuentas.