Estaban en poder de seis organizaciones denunciadas ante la Justicia por explotación laboral y sexual. Operaban en el Este, el Valle de Uco y el Sur. El caso en Villa Bastías, Tupungato.
Rescataron a más de 100 víctimas de redes de trata en Mendoza en el 2012
Por UNO
Por Rosana Villegas
La vulnerabilidad de quien no puede saciar las necesidades más básicas, el miedo a denunciar los atropellos que sufren por temor a quedarse sin trabajo, la complicidad de quienes lucran con la servidumbre y en la mayoría de los casos la gran distancia que los separa de los lugares en los que se podría denunciar esta esclavitud son el caldo de cultivo para que en Mendoza aniden varias núcleos de trata de personas.
En lo que va del año se han detectado seis de estas redes y de ellas se logró rescatar a más de 100 personas mayores de edad –a ellas habría que sumar a niños y adolescentes que son sometidos junto con sus padres– que eran víctimas de la trata de explotación laboral y sexual.
Actualmente se investiga a una de esas organizaciones delictivas que tendría su base central en Tupungato, pero cuyos tentáculos se extenderían a varios departamentos.
La investigación de una organización social que funciona en ese departamento del Valle de Uco rompió con el temeroso silencio de quienes sabían que en la zona de Villa Bastías se prostituía a menores de edad, que eran obligadas a prestar servicios sexuales en un viejo colectivo abandonado a cambio de unos pocos pesos. El caso salió a la luz a mediados de abril, cuando un sacerdote del lugar se animó a llevarlo a Justicia, y Diario UNO reflejó el inicio de esa investigación, que llegó hasta el Senado provincial.
Esa denuncia fue la primera que recibió el equipo de rescate del Plan Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, lanzado el 22 de agosto. Cuatro días más tarde, uno de esos rescatistas, acompañado de personal de Policía Aeroportuaria, llegó hasta esa finca y rescató a una mujer de 36 años y madre de 5 hijos. Ese caso –este matutino lo contó en su edición del miércoles 12– está en plena investigación, pero se sospecha que además de esa mujer existen varios menores de edad que son víctimas de esta red de explotación sexual.
Esa es una de los 6 organizaciones delictivas que se han detectado en la provincia en lo que va del año, de las cuales 5 ya fueron denunciadas ante la Justicia: dos por explotación sexual y las restantes por sometimiento laboral.
Todas se ocultaban en fincas de la zona Este, en distritos alejados del Valle de Uco y en algunos reductos del Sur.
De ellas se rescató a más de 100 personas, en su mayoría provenientes de Bolivia y del Norte del país, que vivían en condiciones infrahumanas junto con sus hijos. Esta cantidad de rescates no es menor si se tiene en cuenta que en todo el país desde el 2008, cuando se sancionó la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, se han rescatado en total 2.700, según los datos que brindó la Ufase (Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas).
Explotados y ocultos
Sin dudas el caso de mayor sometimiento laboral de la provincia salió a la luz a mediados de febrero cuando se descubrió a unas 60 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud en una finca perteneciente a Gipsyes SA, ubicada en calle Suárez, casi ruta 7, en Santa Rosa. En la inspección que lideró en su momento la Subsecretaría de Trabajo se detectó a unos 20 chicos hacinados en un galpón y a otras 45 personas que vivían en una misma casa. Una situación similar se dio en Rivadavia, en donde se rescató a varias parejas tucumanas que eran explotadas junto con sus hijos. Eran unas 20 personas que fueron enviadas a su provincia natal, mientras que la Subsecretaría de Trabajo local, en conjunto con su par de Tucumán, tomaba cartas en el asunto para reintegrarles sus derechos laborales.
“La trata de personas es un gran negocio y cuenta con una logística y un aparato que permite que esto se mantenga con ciertos grados de impunidad, a pesar del avance que supuso la ley de trata, que nos da el mandato legal para desarrollar estrategias y hacerle frente a este tipo de delito.
Es que uno de los puntos críticos del crimen organizado, entre los cuales está el tráfico de personas, es la logística: estas organizaciones delictivas tienen infiltración en estamentos del Estado, en los poderes en donde se hace justicia o se auxilia a la Justicia, por ejemplo en las policías provinciales”, comenzó admitiendo Rubén Cuello, titular de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, quien asumió que justamente para evitar alguna posible corrupción en la investigación de este tipo de delitos de explotación se decidió incorporar a efectivos de Policía Aeroportuaria, que es la que actuó en el caso de la red que funcionaba en Tupungato, “que es una fuerza nueva en la provincia y por tanto está más libre de contaminación”, deslizó el funcionario.
Con el mismo fin de la explotación sexual, pero con un aparato más aceitado, funcionaba otra organización delictiva que tenía bajo su ala un prostíbulo de San Rafael y cuatro locales nocturnos de Malargüe.
De ellos se logró rescatar a 9 mujeres, entre ellas dos colombianas y otra nacida en República Dominicana, que eran obligadas a prostituirse. En ese operativo que lideró el fiscal Eduardo Puigdéngolas participó la Unidad de Asistencia Nacional.
“Ahí comprobamos que estas mujeres vivían en lugares insalubres y eran obligadas a darles un gran porcentaje de lo que ganaban a los dueños de los locales. Hay que saber que estos negocios lucran con la necesidad de personas muy vulnerables, por eso lo que buscamos no es sólo rescatarlas sino también darles otras herramientas para que se puedan reinsertar en el medio laboral, para eso trabajamos con los profesionales de la Dirección de Economía Social, con la idea de que puedan generar sus propios microemprendimientos”, aportó Florencia Canali, coordinadora del equipo de contingencia y asesora de la Dirección de Protección de Derechos Humanos.
