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Uno de los proyectos implica un edificio para 1.000 internos al lado del penal Almafuerte. Hay quienes opinan que las nuevas cárceles no deben sobrepasar los 500 reos.

Reflotaron la idea de construir nuevas cárceles en Mendoza con dinero de firmas privadas

Por Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar

El coordinador del área de Encierro de la Procuración de Violencia Institucional de la Nación, Roberto Cipriano, pasó por Mendoza a fines de abril y visitó las cárceles. Su punto de vista al respecto quedó resumido en una impactante frase. “Hay lugares de encierro que son catacumbas”. El pensamiento del funcionario fue un latigazo hacia los responsables locales de la superpoblación carcelaria.

Cipriano también expresó preocupación por la vulneración de derechos que existe en estos correccionales, y señaló que el Estado ejerce violencia estructural hacia las personas en contextos de encierro.

Todo esto tiene un motivo: faltan 300 lugares en las penitenciarías, ya que hay 3.600 internos y la capacidad del sistema llega a contener a 3.300.

Este es uno de los motivos por los que, desde aquel momento, se está buscando una solución rápida y económicamente viable para el Gobierno. La salida más factible a esta situación es la de construir penitenciarías con dinero de privados.

Al respecto, existe un proyecto que se encuentra hace un año y medio en estudio técnico, bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno de la Provincia. Al parecer, en los próximos días habrá un anuncio oficial para ponerlo en marcha.

Al menos, esto es lo que se planteó en la última reunión de la Mesa de Enlace por la Seguridad, en la que participa el Gobierno a través de su ministerio político y de la cartera que comanda Leonardo Comperatore, además de la bicameral legislativa que trata esta problemática, la Inspección General de Seguridad y el Poder Judicial.

En esta reunión también se anunció que se comprarán las pulseras magnéticas para control de los presos que se encuentran en libertad condicional.

En qué consiste el proyectoSobre la iniciativa de construcción de cárceles con dinero de privados, se sabe que el proyecto es el mismo que se presentó a principios del año pasado. La idea es que se consiga inversión por fuera de las arcas públicas para construir un penal que tenga lugar para albergar a 1.000 presos. Será en el predio de Cacheuta –junto a Almafuerte y a la nueva cárcel federal que ya está en marcha– y luego se replicará en San Rafael. No hay detalles técnicos acerca del nuevo penal. La intención es que esté listo en un plazo no mayor a tres años.

También está claro que, a pesar de que una empresa o grupo de empresas financiará la construcción, el gerenciamiento y la administración del penal será responsabilidad del Estado.

Sobre este tema opinó el diputado massista Daniel Cassia, quien manifestó que en Mendoza es necesaria la construcción de, al menos, cuatro cárceles nuevas. Pero la idea es que ninguna de ellas contenga más de 500 presos. Comentó que la puesta en funcionamiento de un penal para 1.000 internos no es una iniciativa óptima.

¿Cuál sería el negocio para los que inviertan en esta construcción? Según Cassia, lo que sucede es que quien ponga el dinero luego va a recibir la devolución del capital invertido más los intereses por parte del Estado.

Por otra parte, el presidente de la Bicameral de Seguridad, Héctor Quevedo (UCR), dijo que también existe la posibilidad de que la cárcel sea construida con capitales privados y administrada por ellos mismos, por lo cual el Estado les pagaría un canon mensual por cada interno. Pero hasta el momento, la idea más factible es la primera.

Desde el ministerio de Gobierno sólo dijeron que habrá próximamente anuncios oficiales al respecto.

Las pulseras de controlOtra de las iniciativas que se llevaron a la última Mesa de Enlace con el fin de descomprimir la población carcelaria es la inversión en tecnología para controlar a los presos que tienen el beneficio de las salidas transitorias, y también a los que cumplen su condena con prisión domiciliaria.

Esta idea no es nueva y ha estado en agenda en más de una oportunidad. La última vez que se habló de ella fue durante la gestión de Félix González como ministro de Gobierno, y justamente fue este político el que dejó sin efecto la licitación. Fue porque no había ninguna empresa que cumpliera con los requisitos técnicos para ponerla en marcha.

En principio, el sistema servirá para controlar a los imputados con el régimen de semilibertad. Estos son 150 provinciales y unos 50 más que cumplen condenas federales.

La intención es alquilar el servicio de las pulseras –no comprarlas– y que sea el Ministerio de Justicia el que realice el seguimiento.

Ambas iniciativas serán tema de la próxima Mesa de Enlace.

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