Por ley, buscan despejar las calles de Mendoza de autos judicializados

De aprobarse, la normativa fija un plazo de 60 días para retirar los que estén en el centro de la ciudad y de 120 para el resto de la provincia.

Entre los fundamentos, Riesco asegura: “Se trata de un tema sin solución desde hace años, que es fuente de constantes quejas vecinales. Los que están cerca de las comisarías, algunos destruidos, otros en buen estado, tienen fajas en sus puertas, ocupan los cada vez más escasos lugares para estacionar y afean las ciudades o barrios mendocinos”.

Pero más allá de un paisaje urbano o una vista arruinada, los rodados suelen acumular basura, ya sea porque la gente la tira dentro de ellos o porque, al estar a la intemperie, son depósito de hojas y polvo arrastrados por vientos y tormentas, convirtiéndose, además, en un problema de salud pública.

Como ejemplo de tal situación, el legislador puso el ojo en la esquina de Francisco de La Reta y Viamonte, de San José. En esa esquina, se ubica la Comisaría 25ª y frente a ella se puede apreciar gran cantidad de autos estacionados en la calle. “Es tal la problemática, que se ha formado una doble fila de rodados en distintas condiciones”, dijo el demócrata.

“Igual situación se presenta en el departamento de Las Heras, ya que la Seccional 16ª deposita los vehículos secuestrados frente a la plaza homónima, constituyendo un panorama desagradable e insalubre para los  pobladores de la zona”, agregó el legislador.

A San Agustín

Ubicada en el oeste de la ciudad en un predio de 15 hectáreas, frente a la zona de La Favorita, la Playa de Secuestros San Agustín se ocupa de la recepción, guarda y entrega de vehículos secuestrados, ya sea por infracciones a la ley o por acciones judiciales. Pero por distintas razones, muchos vehículos retenidos aguardan su traslado frente a las comisarías.

Desde hace unos años, el Gobierno de la Provincia trabaja en la compactación y el retiro de vehículos que llevan hasta 20 años depositados en la zona sin haberse destrabado el conflicto que los llevó a aquel lugar. Sin ir más lejos, en abril se informó que ya se habían retirado unos 2.200 de ellos, generando 1,5 millones de kilos de chatarra.

A pesar de las acciones, Riesco sabe que el predio está siempre al borde del colapso, por eso la ley prevé que en un plazo de seis meses luego de aprobada y puesta en vigencia, “el Poder Ejecutivo deberá construir las playas respectivas en los lugares que tendrán que ser determinados a través de la reglamentación” de la ley, al tiempo que “deberá firmar los acuerdos pertinentes con el Poder Judicial para la creación de depósitos de  vehículos judicializados y secuestrados, que guarden adecuadas condiciones ambientales”.

Por el momento, el expediente Nº66.856 que contiene el proyectoya fue girado a las comisiones de Obras Públicas e Infraestructura y Legislación y Asuntos Constitucionales para su estudio y tratamiento.