Por el paro de los judiciales, bajó la cantidad de denuncias en las oficinas fiscales de Mendoza

horas a que un ayudante fiscal, que están a cargo, pudieran atenderlos. Por eso, en una recorrida

por distintas comisarías de Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Capital para ver cómo impactaba el paro

número 17 de los judiciales, la postal se repitió y primaron los pasillos vacios.

Según comentaron los fiscales y sus ayudantes, la poca presencia de denunciantes se debió a

dos cosas: una, que los mendocinos saben de la medida de fuerza, y otra, que entre el viernes por

la noche y el mediodía de ayer no hubo delitos muy graves que obligaran a hacer la denuncia de

inmediato o que movilizaran a los ayudantes fiscales hasta el lugar de los hechos.

Por ejemplo, en la Comisaría 9ª de Guaymallén el ayudante fiscal de la Oficina N°8 Sergio

Serrano estaba completamente solo: ni denunciantes ni auxiliares para atender los posibles casos,

pero la mañana había sido muy tranquila.

En cambio, en la Oficina Fiscal N°1 de Capital, que funciona en la calle Rioja, estaban

presentes 3 auxiliares, el ayudante fiscal Mauricio Espeche y el fiscal Marcelo Gutiérrez del

Barrio trabajando casi normalmente, pero con muy poca asistencia de personas.

Según explicó el fiscal, "toda la semana hemos trabajado un poco más lento porque algunos

auxiliares se han plegado al paro y otros no, pero no porque no crean en el reclamo o no lo

necesiten, sino porque acá tenemos un buen clima laboral y ellos han venido de buena onda. En este

momento tenemos 3 auxiliares en la oficina. Algo más complicada está la Cuarta y la Sexta oficina

fiscal, donde hay un solo auxiliar en cada una más el ayudante fiscal, pero estamos en permanente

contacto por si pasa algo y necesitan ayuda. Por otra parte, no hubo hechos gravísimos, excepto la

violación dos chicas, una en el centro y otra que sucedió ayer en el Parque, pero ninguna de las

dos quisieron radicar la denuncia y como es un delito de instancia privada no podemos proceder a

tomar las pruebas".

En otro tramo de la conversación el fiscal consideró justo el reclamo de los empleados y

valoró la colaboración de sus subordinados.

En el caso de la Oficina Fiscal N°3 de Godoy Cruz, contaba con la guardia mínima de dos

auxiliares que estaban al frente de esa oficina pero no tenían novedades. Allí se nos informó que

el ayudante fiscal estaba de guardia pasiva y que toda la semana, excepto el viernes por la tarde,

los auxiliares cumplieron con su horario "porque no nos podemos soportar el descuento de más de 10

días de huelga, tenemos sueldos muy bajos como para hacerlo".

En la Comisaría 47 de Carrodilla, donde está ubicada la Oficina Fiscal N° 15, el ayudante

fiscal Gustavo Jadur contaba con un solo auxiliar, pero la planilla de denuncias estaba

completamente vacía.

Jadur comentó que "en la semana hemos estado atendiendo un poco lento, pero todos los casos

han sido conducidos como corresponde, ha sido lento pero nunca dejamos de funcionar".

De todos modos, en otras oficinas fiscales el paro se hizo sentir en hechos concretos, la

número 13 de Capital, no tenía tóner para imprimir las denuncias que llegaron porque el encargado

de este tema estuvo de huelga toda la semana. Y en la N°6 de Las Heras no pudo tomarse el dosaje de

alcohol a una persona que protagonizó un choque porque el aparato estaba en poder de un empleado

que adhiere a la medida de fuerza.

¿Conciliación obligatoria?

Mientras tanto, trascendió que el Gobierno provincial está barajando la idea de llamar a una

conciliación obligatoria si el próximo martes en la reunión paritaria convocada los judiciales

rechazan por tercera vez la propuesta de suba salarial para este año que consiste en sumar al

básico $280, proporcional para cada clase, la eliminación de un código de $75 y la creación de un

nuevo adicional remunerativo y no bonificable de $290.

Esta propuesta la analizarán en asamblea desde la 7 de mañana y su decisión la comunicarán el

martes en la Subsecretaría de Trabajo.

Este último ofrecimiento dista mucho de la primera propuesta hecha a finales de marzo, cuando

el Gobierno ofertó $197 de bolsillo, desatando el enojo del gremio por considerar que la suma era

una burla. A fines de ese mismo mes el Ejecutivo sugirió que el aumento fuera de $150 remunerativos

y no bonificables, hacer bonificable un código de $75 y pasar al blanco $100 de los $230 que

recibieron de aumento en el 2009. Esto tampoco cerró las cuentas de los judiciales.

Qué dicen los jueces

Por otro lado, en el Poder Judicial esperan expectantes la consecución de los hechos, porque

ya hubo encendidas quejas del Colegio de Abogados por no poder presentar ningún trámite en

tribunales y por ello amenazaron con pedir la intervención de la Justicia federal para destrabar el

conflicto. Sin embargo, fuentes del ámbito judicial indicaron que "la medida es inviable porque el

artículo 6 de la Constitución nacional estipula una intervención siempre que exista una ataque

externo, una conmoción interna o las autoridades se vean amenazadas, y no es el caso porque desde

que se declaró la huelga hubo 5 días inhábiles, pero esta semana no fue así, tribunales trabajó más

lento pero trabajó".

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo provincial no otorgue un aumento del 10% a los

jueces que ya estaba pactado con el gobernador Celso Jaque a cambio de que ellos no continuaran con

los juicios contra el Estado por la indexación salarial de acuerdo con el índice de inflación

acordado en 1983, la misma fuente indicó que "eso ya está acordado, no sería prudente que el

Gobierno se desdiga de este tema porque el conflicto recrudecería y además todavía no se hace

efectivo, cuando en Buenos Aires los jueces ya recibieron dos aumentos este año".

Cómo terminaron otros conflictos con los judiciales

En el 2006, la relación entre los jueces y empleados judiciales era bastante álgida, porque

la huelga de diciembre de ese año fue en contra del aumento de los jueces retroactivo a cuando

ellos se recibieron de abogado. El entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Nanclares descontó

los días de paro. Pero al principio del 2007 mediante una acordada determinó que debían devolver

las horas no trabajadas y puso un plazo: octubre. En noviembre de ese año, sólo habían sido

devueltas 1.000 de las 4.200 horas adeudadas.

Ya en el 2008, la protesta la encabezaron los auxiliares de las fiscalías porque no les

pagaban las 2 horas más por día que trabajaban, y el criterio de devolver las horas no trabajadas

se utilizó de nuevo.

Vale recordar que en ese momento los gremios estatales se movían en bloque, es decir

Administración Central, Salud, AMPROS, judiciales y SUTE y solicitaban el 33% de incremento en

general y el Gobierno tuvo que realizar un gran esfuerzo para lograr acuerdos particulares.

El año pasado, los judiciales, movidos también por los descuentos de los días de huelga

emprendieron una especie de persecución de los jueces para hacerle ver a la sociedad cuán poco

asistían a los tribunales con relación a sus abultados sueldos. Más allá del enojo de los

judiciales, los jueces no deben cumplir horario y nunca fue dado a conocer los resultados de esos

controles.

Sí tuvieron que devolver los 5 días de paros realizados en junio.