Polémico proyecto a favor del trabajo sexual autónomo y voluntario

La reglamentación del trabajo sexual, para que adquiera todas las características de una actividad laboral autónoma, generó un debate al interior del justicialismo local.

Quien le dio forma legislativa fue la diputada provincial, Lorena Saponara, del Frente para la Victoria y cercana al vicegobernador Carlos Ciurca. Dice que es para “saldar una deuda histórica en materia de reconocimiento de derechos a este sector de la población, que podrá así llevar adelante una existencia digna”.

Desde el Gobierno, en cambio, la cuestionan al interpretar que “ninguna mujer que ejerce la prostitución lo decide libremente, porque son sus condiciones de vulnerabilidad y dificultades para encontrar otra tarea con la que solventarse las que la coaccionan. El Estado no puede avanzar con políticas de género y votar leyes que avalen el trato de la mujer como una mercancía y perseguir la trata, pero reglamentar la prostitución, siendo que el límite entre ambas es muy fino”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González.

La propuesta será presentada el jueves 4, en el salón Islas Malvinas de la Municipalidad de Las Heras.

También se hará algo similar en Santiago del Estero y en Capital Federal, buscando derogar allí los artículos contravencionales que criminalizan a las trabajadoras –similares a los establecidos en el Código de Faltas local– y regularizar los departamentos privados para que las chicas no corran más riesgos.

Saponara dijo que ajusta detalles del articulado de la normativa local y contó que hace un año y medio trabajan en el tema con las referentes de AMMAR: “Las chicas no tienen jubilación, sindicato ni mutual. Son perseguidas en la calle por la policía, discriminadas y victimizadas. Si se blanquea a quienes deciden ejercer el trabajo sexual con autonomía se les dará la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y quedarán más expuestos los proxenetas y las redes de trata de personas”.

Presidenta de AMMAR: “Nuestros cuerpos son nuestros”Georgina Orellano es la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina –funciona hace 20 años y está afiliada a la CTA– y también la impulsora de la reglamentación del trabajo sexual. Considera que “el debate central es si se puede, si es aceptable trabajar con la sexualidad. Nuestros cuerpos son nuestros y tenemos todo el derecho a decidir sobre ellos”.

Llegará a estas tierras la semana próxima para participar en la presentación del proyecto de ley, y respondió que quienes lo critican desconocen la problemática: “Qué mejor forma de atacar la trata con fines de explotación sexual que diferenciar a quienes deciden voluntariamente ejercer el trabajo sexual de aquellas víctimas sometidas. Asimismo, se avanza para amparar a muchas mujeres con derechos laborales. Los que se oponen terminan siendo funcionales a la explotación y a la desigualdad social”.

Respecto del planteo de que “quienes eligen el trabajo sexual lo hacen condicionadas por su contexto”, opinó: “¿Acaso una empleada doméstica o una repositora de supermercado no está condicionada por su contexto socioeconómico? De lo que hablamos es de derechos para mujeres que deciden otra forma de trabajo ”.

Es poco lo que se hizo por ellas en la provinciaEl Código de Faltas provincial persigue y sanciona con arresto y multas la prostitución escandalosa y el homosexualismo (artículos 54 y 54 bis, otorgando a la policía facultades para realizar detenciones sin intervención judicial previa), y también ordena exámenes médicos y tratamientos compulsivos a quienes se encuentran ejerciendo esta actividad (artículos 55 y 55 bis).

La creación en 2013 de una cooperativa trans quedó prácticamente en nada, por falta de coordinación.

Hay escasez de políticas sostenidas con recursos para garantizar el acceso social y a la salud de las trabajadoras sexuales.

Este contexto provincial ilustra un panorama desalentador para un sector de la población marginado y que aún espera respuestas.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Juan Manuel González reconoció que “el Estado debe alcanzar a las mujeres con políticas de salud y sociales, evitando la desprotección”.

El funcionario mencionó que en agosto “se abrió un centro de referencia para allanar el camino hacia esos derechos, el cual funciona en la calle Agustín Delgado 218, adonde se puede consultar dos veces por semana en horario de siesta. Se brinda asesoramiento jurídico y profilaxis (entrega de preservativos)”.

Para Laura Ríos, referente de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) , “reglamentar el trabajo sexual ayudaría a mejorar las condiciones de vida de quienes lo ejercen, quienes tendrían la posibilidad de retirarse con una jubilación y a quienes no las perseguirían tanto”.