Luego que la Corte Suprema chilena aprobara la extradición del ex juez argentino Otilio Romano Ruiz, acusado de violaciones a los derechos humanos y de ser "cómplice" de diversos delitos de les humanidad durante la última dictadura, el gobierno nacional pidió que se decrete la prisión preventiva.
El escrito lo ingresó el abogado que representa los intereses en Chile del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, Sebastián Dal Pozzo "por la necesidad de cautela" para completar el traslado de Romano hasta Mendoza.
El abogado Dal Pozzo argumentó en el texto que "el 24 de agosto de 2012, el requerido ingresó a Chile con el claro propósito de eludir las consecuencias judiciales que le provocaría su eventual suspensión como juez de la Cámara Federal de Mendoza, ante lo cual alegó una supuesta persecución política, solicitando refugio en nuestro país" dice la presentación.
En la petición se agrega que "la medida cautelar a la que ha estado sujeto el requerido (arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional) no es suficiente impedimento, a juicio de esta parte, para que se sustraiga de la acción de la justicia" apunta la misiva ingresada ante el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien instruye el proceso.
Ayer, la Sala Penal de la Corte Suprema de forma unánime ratificó la extradición del ex magistrado confirmando lo que en junio de este año, el ministro Muñoz habia determinado, al aprobar el pedido de extradición en contra del también ex fiscal.
El magistrado acogió todos los hechos por privación ilegítima de la libertad de 34 personas, privación de la libertad de otras 26 personas, torturas en contra de 36 personas, privación de la libertad de otras 26 personas, y el allanamiento ilegal de una vivienda, como el caso de no investigación de Rebeca manrique terrera, quien fue usurpada de sus padres cuandio tenía nueve meses y hoy el matrimonio figura como desaparecidos por la dictadura trasandina.
Otilio Romano fue suspendido como juez el 25 de agosto de 2011, pero un día antes había huído a Chile tras ser citado a declarar.
En septiembre de 2011, Romano había solicitado asilo político en Chile, pero el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera rechazó esa solicitud en mayo de 2012.
Mientras se resolvía su petición de asilo, Argentina solicitó su extradición y en febrero de 2012 la Corte Suprema ordenó su detención, que luego se transformó en arresto domiciliario nocturno hasta el día de hoy, donde reside actualmente en el balnerario costero de Reñaca.
